La Unidad Minera San Rafael, en el distrito de Antauta, se encuentra paralizada debido a un bloqueo de vías que cumple doce (12) días, generando un grave impacto económico y social. Más de 700 trabajadores de diversos sectores se encuentran afectados, mientras pobladores denuncian que la medida estaría siendo impulsada por el exalcalde Eloy Chura Mendoza y un grupo reducido de personas con el presunto fin de monopolizar la prestación de servicios a la minera.
La paralización ha afectado a toda la cadena de servicios que trabaja de manera organizada con la actividad minera. De acuerdo con los testimonios recogidos, la afectación se distribuye de la siguiente manera:
- Hospedajes: Más de 400 personas.
- Transporte: Aproximadamente 200 personas.
- Lavanderías: Cerca de 100 personas.
- Comedores: Alrededor de 80 personas.
Estos sectores, que suman más de 780 personas perjudicadas, operan bajo un sistema asociativo conformado hace tres años. Dicha organización se desarrolló precisamente para que no exista un monopolio y garantizar una distribución equitativa de los servicios y, por ende, de los ingresos entre las familias de Antauta.
La denuncia de la población es enfática: el exalcalde Eloy Chura Mendoza y otra persona propietaria de hospedajes se habrían negado a integrarse al sistema asociativo. Ahora, junto a un pequeño grupo de aproximadamente quince (15) personas, estarían promoviendo el bloqueo para forzar a la empresa Minsur a contratar exclusivamente sus establecimientos.
Como consecuencia del bloqueo, la minera no puede movilizar insumos ni materiales, lo que ha generado descanso forzado para los trabajadores y una drástica reducción en la demanda de los servicios comunales.
La población expresó su profunda preocupación por la falta de pronunciamiento de la empresa Minsur y la ausencia de acciones concretas por parte de las autoridades para restablecer el libre tránsito.
Además, los pobladores aprovecharon la coyuntura para cuestionar la trayectoria del exalcalde, mencionando presuntos malos manejos durante su gestión y la existencia de obras inconclusas, como un estadio, solicitando incluso una auditoría sobre su administración.
Finalmente, los afectados hicieron un llamado urgente a las autoridades y a la empresa para que intervinieran, permitiendo el restablecimiento del libre tránsito y reiterando su pedido de trabajar de manera igualitaria y sin privilegios, exigiendo que no se utilice a la población con multas personales ni políticos en el actual contexto preelectoral.
(E.C)