El analista político Alberto Quintanilla Chacón analizó el panorama político peruano a menos de tres meses de los comicios, advirtiendo sobre los riesgos de la dispersión partidaria, la concentración de poder en el futuro Senado y el uso del «terruqueo» como una herramienta para invalidar a los adversarios políticos.
Quintanilla Chacón calificó como una «debilidad» la existencia de 36 agrupaciones políticas con posibilidad de presentar candidaturas. Según el analista, esta fragmentación no es una fortaleza democrática, sino una estrategia para mantener un Estado débil que facilite el saqueo de los recursos públicos sin rendir cuentas a la población ni a la justicia, comparando esta situación con el accionar del fujimorismo en la década de 1990.
En el Senado, una de las mayores preocupaciones expresadas por Quintanilla es el diseño del nuevo régimen bicameral. Explicó que el poder político se está desplazando del Ejecutivo hacia el Congreso, y específicamente hacia el Senado de la República.
• Poder absoluto: El Senado actuará como un «ejecutivo colectivo» que dirigirá el país.
• Indisolubilidad: A diferencia de la Cámara de Diputados, el Senado no podrá ser disuelto constitucionalmente, lo que genera un desequilibrio que, según Quintanilla Chacón, debe ser corregido para una gestión más democrática.
También se pronunció sobre el comportamiento de figuras políticas como Rafael López Aliaga, señalando que el país requiere un liderazgo capaz, transparente y con dedicación exclusiva (24/7), alejado de vicios personales o conductas erráticas. Asimismo, cuestionó el «doble rasero» de ciertos sectores del Congreso, como el fujimorismo, que exigen la liberación de presos políticos en Venezuela, pero ignoran o justifican la persecución y el «blindaje» de aliados políticos en el Perú.
En el ámbito de la región Puno, Alberto Quintanilla lamentó que, a tres años de los sucesos del 9 de enero en Juliaca, no existan resultados claros ni sanciones para los responsables de las muertes de civiles. Afirmó que quienes enviaron a las fuerzas del orden «estaban mandando obviamente a matar gente» y que esa verdad debe descubrirse.
Finalmente, denunció que en el Perú existen perseguidos políticos como Walter Aduviri, Gregorio Santos y Guillermo Bermejo, este último calificado como tal tras ser condenado en un tercer proceso sin pruebas contundentes. Quintanilla sostuvo que la narrativa del «terruqueo» y el concepto de «terrorismo urbano» son estrategias mediáticas rentables para la derecha que buscan criminalizar la protesta y evitar el debate de ideas.
(E.C)