La Fiscalía Anticorrupción de Puno enfrenta una carga superior a 500 casos solo en 2025, además de expedientes acumulados desde 2015 a 2017 que continúan en proceso. Así lo informó la fiscal Licely Tejada Fernández, quien señaló que las investigaciones involucran a funcionarios de las trece provincias de la región, principalmente en municipalidades, el Gobierno Regional, proyectos especiales y la Policía Nacional.
Los casos más recurrentes están relacionados con presuntos delitos de malversación, peculado y colusión, algunos de los cuales han derivado en la vacancia de autoridades locales. Tejada advirtió que «el sistema anticorrupción opera con serias limitaciones debido a la falta de peritos especializados, contando actualmente solo con un ingeniero civil y un perito contable, insuficientes para evaluar obras millonarias que requieren análisis técnicos complejos».
Aunque en Puno operan quince fiscales anticorrupción, la escasez de órganos de apoyo técnico retrasa los procesos, afecta la atención a la ciudadanía y obliga a sustentar cada acusación con pruebas sólidas para demostrar responsabilidades.
FB