La Comisión de Constitución del Congreso aprobó por mayoría incorporar a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en el procedimiento de acusación constitucional.
El dictamen fue aprobado con 16 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones.
La congresista Martha Moyano (FP), sostuvo que la incorporación de estos altos funcionarios en el artículo 99 de la Constitución obedece a una sentencia del Tribunal Constitucional que exhorta al Parlamento ampliar el procedimiento de antejuicio y de juicio político. Sostuvo que se debe respetar el principio de igualdad entre los altos funcionarios del Estado que gozan de la prerrogativa del antejuicio y juicio político, hecho que no ocurre con el pleno del JNE, y los titulares de la ONPE y Reniec. “Se denomina juicio político pero la población y los medios dicen que es un procedimiento subjetivo, y no es así, se debe a que vulneró la Constitución, por eso ingresan al mecanismo de denuncia constitucional previsto en el artículo 90 de la Constitución”, refirió.
Dicho artículo señala que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la república, congresistas, miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, los jueces supremos, los fiscales supremos; al defensor del pueblo y al contralor por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado.
Con la modifican, se incorporan en el mismo a los miembros del JNE y a los titulares de la ONPE y Reniec. Durante el debate, congresistas como Adriana Tudela, Gladys Echaíz, Alejandro Muñante respaldaron la reforma constitucional señalando que se trata de una exhortación del Tribunal Constitucional (TC) y que no vulnera la independencia de poderes.
“No hay motivo para excluir a los organismos del sistema electoral de la prerrogativa del antejuicio y de la sanción política, no pueden tener solo antejuicio y no responsabilidad. Me llama la atención como se pretende distorsionar el principio de separación de poderes, este principio se hace efectivo con el mecanismo de control político, de pesos y contra pesos”, refirió. En tanto, en congresista Edgard Reymundo pidió abordar este tema con prudencia y responsabilidad, e indicó que el sistema está diseñado para que quienes elija a estos funcionarios no sea órganos políticos sino técnico. “Este cambio sería una amenaza al sistema electoral en general”, dijo.
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