Dos proyectos de ley. Pasión Dávila y Digna Calle presentaron iniciativas de reforma constitucional para adelantar comicios presidenciales y congresales. El primer proyecto lleva la firma de 8 legisladores perulibristas, que le dan la espalda a Pedro Castillo.
El constante desafío “nos vamos todos” que se lanzan políticos que apoyan al Gobierno de Pedro Castillo y los de la oposición en el Congreso podrá ser una realidad y quizás una salida a la gravísima crisis política actual, si el Congreso aprueba la reforma constitucional para adelantar las elecciones presidenciales y congresales, y que la fecha de estos nuevos comicios sea fines de marzo del 2023.
Dos proyectos de ley de reforma constitucional se presentaron ayer en ese sentido, con la autoría de congresistas de Perú Libre y Podemos Perú.
De acuerdo a la primera de estas iniciativas legislativas, que modifica el plazo del mandato del presidente, vicepresidente y los congresistas, presentada en la mañana por el congresista Pasión Neomias Dávila (Perú Libre), la gestión de Pedro Castillo acabaría el 28 de julio del 2023 y las actividades de los actuales congresistas culminarían dos días antes, el 26 de julio.
Siete congresistas de la bancada perulibrista se sumaron a esta iniciativa con sus firmas. El vocero de la bancada, Waldemar Cerrón; Segundo Montalvo; Pablo Gutiérrez; Flavio Cruz; Silvana Robles Araujo; María Agüero Gutiérrez y Margot Palacios.
En otro proyecto de ley de reforma constitucional, presentado en horas de la tarde por la congresista Digna Calle (Podemos Perú), además del recorte del mandato presidencial y de los congresistas elegidos el 2021, se fijan fechas y plazos para el proceso de elección de las nuevas autoridades.
En esta iniciativa también se señala que el presidente y el vicepresidente concluye su mandato el 28 de julio del 2023, y los parlamentarios el 26 de julio del mismo año. Pero además se indica que el presidente tendrá un plazo de 48 horas desde que se apruebe la norma para convocar a nuevas elecciones generales que se realizarían a fines de marzo del 2023.
En los fundamentos de los proyectos de ley se alude a la crisis política en el país, las convulsiones sociales, las confrontaciones permanentes entre el Ejecutivo y la representación nacional, y -como se señala en el proyecto de Dávila- la incapacidad de negociación entre ellos.(La Republica)