Lo que se esperaba ocurrió, el pleno del Congreso dio luz verde a la derogación del Decreto Legislativo 1607 que, entre varios puntos, establecía el 20 de marzo como fecha tope para concluir la formalización minera. De esa forma, los mineros informales podrán hacerlo hasta fin de año, tal como lo exigieron mediante marchas.
Casi 80 parlamentarios votaron a favor, brindándole facilidades a los mineros que laboran fuera de la ley, ya que, por ejemplo, ahora la Policía Nacional no podrá intervenirlos así tengan en su poder artefactos o materiales explosivos sin contar con la autorización administrativa correspondiente, pues el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) los blinda así su inscripción esté suspendida.
Tras esta polémica decisión legislativa, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) manifestó que respeta las decisiones y atribuciones del Congreso en torno al debate sobre la necesidad de fortalecer el proceso de formalización de la actividad minera a pequeña escala.
Ante esta reacción, César Ipenza, abogado en materia ambiental, cuestionó que el Gobierno no observe la decisión tomada por el Parlamento. “Los mineros informales se reunieron con algunos parlamentarios (antes de la votación). (…) Es difícil que el Poder Ejecutivo haga algo, porque tiene una convivencia armónica con el Poder Legislativo”, lamentó.
Mientras que Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), mencionó que el Congreso abdicó ante el crimen organizado y agregó que el Gobierno da a entender (con el breve comunicado del Minem) que ha aceptado su derrota, pues recordó que fue el propulsor del Decreto Legislativo 1607.