La Contraloría General de la República (CGR) emitió una alerta dirigida a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Puno tras detectar que se otorgó conformidad técnica al 100 % de un servicio de mantenimiento vial que aún presentaba trabajos pendientes de ejecución.
De acuerdo con el Informe de Orientación de Oficio N.° 003-2026-OCI/5350-SOO, correspondiente al periodo del 26 al 30 de enero de 2026, la entidad suscribió el contrato N.° 026-2025 para el mantenimiento periódico de la Red Vial Departamental pavimentada en la ruta PU-111, tramo Muñani – Picotani – Putupata – Moroccarca – empalme (Quiscupunco), por un monto de S/ 3 620 830 y un plazo de 75 días calendario.
Asimismo, se contrató el servicio de supervisión mediante el contrato N.° 027-2025, con un plazo de ejecución de 60 días calendario. Según el informe, el 24 de diciembre de 2025, la empresa contratista comunicó haber culminado el servicio en su totalidad y solicitó la recepción de la obra. En respuesta, el supervisor emitió el certificado de conformidad técnica, indicando que los trabajos se ejecutaron entre el 10 de noviembre y el 24 de diciembre de 2025.
Sin embargo, durante una inspección realizada el 28 de enero de 2026, la Contraloría verificó que varias partidas aún se encontraban en proceso. Entre ellas, labores clave como la limpieza de calzada y bermas, el parchado superficial y profundo de la vía, la limpieza y reparación de alcantarillas, la conservación de señales verticales, la instalación de postes kilométricos, la reposición de guardavías y el pintado de marcas en el pavimento.
El informe también advierte que algunos reductores de velocidad no contaban con señalización final y que existían guardavías dañados y tramos sin intervención, pese a estar contemplados en el expediente técnico.
A pesar de estas observaciones, la entidad habría efectuado el pago total del contrato —superior a los S/ 3 millones— mediante dos valorizaciones correspondientes a noviembre y diciembre de 2025. Esta situación genera el riesgo de que no se apliquen penalidades por mora al contratista, considerando que el plazo contractual venció el 23 de enero de 2026 y los trabajos continuaban ejecutándose posteriormente.
La Contraloría exhortó a las autoridades competentes a adoptar las medidas correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de las condiciones contractuales y resguardar el uso adecuado de los recursos públicos, en un contexto donde la calidad de la infraestructura vial resulta clave para la seguridad y conectividad de la población.