La Contraloría General de la República ha identificado presuntas irregularidades en la gestión administrativa de la Universidad Nacional de Juliaca (UNAJ), tras evidenciar el otorgamiento de pagos indebidos a cuatro docentes durante el año 2023, generando un perjuicio económico de S/ 13,654.16.
De acuerdo con el informe emitido el 18 de marzo de 2026 por el Órgano de Control Institucional de la casa superior de estudios, los docentes fueron promovidos de la categoría de Auxiliar a Asociado y comenzaron a percibir las remuneraciones correspondientes a su nueva condición de manera inmediata, pese a que la normativa vigente establece que dichos ascensos deben hacerse efectivos recién en el ejercicio presupuestal siguiente.
Los pagos observados se realizaron entre julio y diciembre de 2023, comprendiendo S/ 12,526.68 por concepto de remuneraciones y S/ 1,127.48 en aportaciones al Seguro Social de Salud.
Entre los docentes beneficiados figuran Néstor Bolívar Espinoza, Edwin Huayhua Huamani, Wile Mamani Navarro y Ubaldo Yancachajlla Tito. La aprobación de estas promociones estuvo a cargo de la Comisión Organizadora de la universidad, presidida por Freddy Martín Marrero Saucedo, junto al vicepresidente académico Arrufo Alcántara Hernández y el secretario general José Luis Pacheco Cáceres. Asimismo, la Unidad de Recursos Humanos, bajo la dirección de Celso Víctor Benito Sagua, ejecutó las planillas y procesó los pagos.
El órgano de control precisa que esta situación contraviene lo dispuesto en la Ley Universitaria N.° 30220, el Estatuto institucional, el Reglamento de Evaluación 2022 y la Ley de Presupuesto 2023, los cuales establecen que toda promoción docente debe concretarse en el siguiente año fiscal y supeditada a la existencia de una plaza vacante. Al haberse aplicado dentro del mismo periodo, se vulneró la legalidad en el uso de los recursos públicos.
El informe sustenta sus hallazgos en documentación oficial como resoluciones de la Comisión Organizadora, actas de sesión, oficios del Ministerio de Economía y Finanzas y de la SUNEDU, así como comprobantes de pago que acreditan los desembolsos.
Finalmente, la Contraloría advierte que este hecho no solo generó un impacto económico en el presupuesto institucional, sino que también afecta la confianza en la gestión interna de la universidad. En ese sentido, recomendó a las autoridades adoptar medidas inmediatas para recuperar los montos observados, determinar responsabilidades administrativas y legales, y reforzar los mecanismos de control interno para evitar que situaciones similares se repitan.