La Contraloría General de la República (CGR) evidenció un perjuicio económico de S/ 87 425 en la Municipalidad Provincial de San Román, como resultado de la presunta simulación de funciones de un inspector y la falta de acciones frente a reiterados incumplimientos contractuales en servicios de mantenimiento de caminos vecinales en Juliaca.
De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 24401-2025-CG/GRPU-AC, que evaluó el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de noviembre de 2023, un servidor municipal registró su participación diaria como inspector y residente de servicio en cuatro servicios distintos de mantenimiento. Sin embargo, la CGR determinó que esta situación resulta inconsistente, debido a que cada servicio exigía presencia permanente y directa en campo. Además, por la distancia y ubicación de los trabajos, era materialmente imposible que el funcionario cumpliera funciones simultáneas de manera continua.
Los hechos se vinculan, entre otros, con la ejecución del mantenimiento del camino vecinal Centro Jaran – Rumicancha (PU 971), en el distrito de Juliaca, donde también se advirtió que funcionarios y servidores no adoptaron medidas oportunas para exigir el cumplimiento de las condiciones contractuales.
El informe precisa que la omisión en la aplicación de penalidades económicas al contratista, pese a incumplimientos reiterados, generó un perjuicio adicional. En detalle, la Contraloría estableció que S/ 24 000 corresponden a la simulación de labores, mientras que S/ 63 425 derivan de la no aplicación de penalidades, sumando un total de S/ 87 425 en afectación a los recursos públicos.
Asimismo, el órgano de control identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en seis exfuncionarios y servidores públicos. En ese sentido, recomendó al titular de la entidad iniciar el deslinde de responsabilidades y adoptar medidas correctivas que permitan fortalecer los mecanismos de control y supervisión en la ejecución de estos servicios.
La Contraloría reiteró la importancia de garantizar una adecuada vigilancia en la administración de los recursos públicos, especialmente en obras y servicios que impactan directamente en la conectividad y calidad de vida de la población.