La ciudad de Juliaca enfrenta una crisis de ética institucional tras la reciente sesión del Consejo Municipal, donde se rechazó la suspensión del regidor Ovidio Edgar Tumi Miranda. El dirigente Orlando Fernández, en declaraciones a La Decana Radio Juliaca, calificó la decisión como un «blindaje» orquestado por la mayoría de los fiscalizadores, quienes habrían optado por ignorar pruebas de una presunta red de extorsión y coimas que involucra directamente al entorno familiar del regidor.
El escándalo radica en una presunta coima de 500,000 soles relacionada con un proyecto de pistas y veredas en la urbanización Tambopata. Según denunció Fernández, el regidor Tumi Miranda, quien inicialmente negó y hasta huyó de la prensa, tuvo que admitir ante el pleno que las cuentas bancarias donde se depositaron sumas de dinero pertenecen efectivamente a su hija (Andrew Aremi Tumi) y a su cuñado (Vercilli Villan Panca Yana).
El dirigente criticó que, a pesar de esta admisión y de la existencia de chats y cheques, los regidores no realizaron ninguna investigación de oficio, como solicitar información a las entidades bancarias. «Para ellos me parece que es legal, no es un delito», sentenció Fernández, sugiriendo que el Consejo Municipal ha normalizado el cobro de cupos a empresas constructoras.
Cuestionamientos a la labor de los regidores
Fernández fue especialmente incisivo al señalar al regidor Javier Espirilla, a quien acusó de actuar como defensor de Ovidio Tumi al exigir «fundamentos legales» a los dirigentes sociales en lugar de ejercer su propia función fiscalizadora. El dirigente recordó que, mientras los líderes sociales realizan un servicio gratuito, a los regidores se les paga para investigar incluso a sus propios compañeros.
Además, el representante social denunció que el 90% o 95% de los regidores están más interesados en «acomodar gente» (familiares, residentes y supervisores) en las obras municipales que en vigilar la calidad de las mismas. Según Fernández, esta corrupción es la causa directa de que las calles de Juliaca estén en pésimo estado, ya que se reduce la calidad de los materiales para poder pagar las coimas exigidas.
Un nuevo frente legal: El pedido de vacancia
Ante el fracaso del pedido de suspensión, Fernández anunció que la dirigencia ha interpuesto un pedido de vacancia basado en un hecho objetivo e irrefutable: el cambio de domicilio del regidor. Se ha detectado que Tumi cambió su residencia a la provincia de Lampa en mayo de 2024, presuntamente con la intención de postular a cargos públicos en dicha jurisdicción con el partido «Progresemos».
La Ley Orgánica de Municipalidades establece que el cambio de residencia fuera de la jurisdicción municipal es causal de vacancia. Por ello, Fernández ha convocado a la población para estar alerta en la próxima sesión programada para el lunes 19 a las 4 de la tarde, advirtiendo que, si los regidores no votan a favor, estarían incurriendo en omisión de funciones y podrían ser denunciados ante el Ministerio Público.
(E.C)