La lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, los congresistas Miguel Torres y Héctor Becerril afrontarían una investigación relacionada al caso los “Cuellos Blancos del Puerto”. El procurador anticorrupción Amado Enco solicitó a la Fiscalía de la Nación, liderada por Zoraida Ávalos, iniciar una indagación preliminar contra ellos por tráfico de influencias y, como delito alterno, patrocinio ilegal.
El documento con la denuncia fue enviada el viernes 20 al Ministerio Público (MP) y recoge los testimonios brindados por el empresario Antonio Camayo y el expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, al fiscal José Pérez por el Caso Lava Jato. Tales confesiones, como se sabe, señalaron que sí existió vínculo entre Keiko y el exjuez César Hinostroza.
El jueves 5, Salaverry Villa declaró ante el fiscal Pérez que Fujimori Higuchi le requirió coordinar una reunión con Hinostroza Pariachi. El exvocero naranja le dijo que no conocía al magistrado. Su lideresa le respondió que los entonces parlamentarios Héctor Becerril y Miguel Torres se encargarían del acercamiento.
Al día siguiente, en el mismo despacho del Ministerio Público, el empresario Antonio Camayo confirmó que la “Señora K” es Keiko Fujimori.
El 10 de julio del 2018, la hija del dictador Alberto Fujimori negó ser la “Señora K”, luego de conocerse un audio en el que Hinostroza y el dueño de Iza Motors mencionan ese apodo para coordinar una reunión.
En agosto, en medio del escándalo de corrupción del CNM y el Poder Judicial, Fujimori Higuchi también rechazó haber coordinado reuniones con el exjuez supremo relacionado a los “Cuellos Blancos”, pese a que incluso ese mismo mes trascendieron audios que detallaron cómo el exjuez Hinostroza buscó acercarse al congresista Becerril. Por eso, las versiones de Salaverry y Camayo la contradicen rotundamente.
Y el procurador Enco fundamenta su denuncia en la tesis del fiscal Pérez Gómez: ambas declaraciones evidencian que la excandidata presidencial de FP se habría contactado con altos mandos judiciales para frenar sus investigaciones. Eso se refleja en el fallo del 4 de junio del año pasado, cuando la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, entonces presidida por Hinostroza Pariachi, calificó de “bien concebido” la casación de Fujimori Higuchi para evitar que se amplíe la indagación por lavado de activos, aunque luego esa sala fue suspendida por casos de corrupción.
Para el exprocurador Antonio Maldonado, la demanda está bien documentada: “Se refiere a un hecho muy puntual. Esta influencia indebida que habrían tenido estos dos congresistas, Becerril y Torres, por una casación que fue acogida por una sala presidida por Hinostroza Pariachi”, sostuvo. Maldonado agregó que la investigación podrá incluir a más congresistas de FP, pues requiere iniciar pesquisas contra todos “los que resulten responsables”.
Pesquisas paralelas
Lo concreto, además de aceptarse la demanda del procurador anticorrupción, es que habrá dos indagaciones relacionadas a los “Cuellos Blancos”. De la Fiscalía de la Nación y de las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez. “Se supone que (los hechos sucedieron) cuando han sido congresistas (Torres y Becerril), entonces corresponde a la Fiscalía de la Nación”, explicó Sánchez a La República. Agregó que la indagación, de ser aceptada en el MP, comprenderá a la lideresa de FP porque se trata de una denuncia conjunta de Enco.
La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, en tanto, respondió, al cierre de esta nota, que aún no es notificada del requerimiento de la Procuraduría. “No conocemos el contenido de la denuncia”, dijo a Canal N. Pese a las evidencias, Loza refutó que su patrocinada haya estado vinculada a jueces.
El jueves es la audiencia del Caso Keiko
Este jueves 26, en la Sala del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, presidida por el juez Víctor Zúñiga Urday, se realizará la audiencia de prisión preventiva contra Keiko Fujimori. El fiscal José Domingo Pérez pide 36 meses de cárcel.
Ese día, el Poder Judicial (PJ) también decidirá si se anula la comparecencia restringida contra el abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, a cambio de que cumpla sus 18 meses de prisión preventiva. (La República)