
La tragedia que cobró la vida de diez jóvenes en el establecimiento informal conocido como «Calma Tripas» en la quinta cuadra del jirón Lima ha escalado a una crisis institucional. Adolfo Paredes, en diálogo con La Decana Radio, denunció que la municipalidad de Huancané ignoró múltiples advertencias y oficios fiscales para clausurar el local, mientras que la justicia ha emitido una «detención preliminar» de solo siete días para un único implicado, calificando la respuesta judicial como «un chiste».
Paredes confirmó que el local «Calma Tripas» había sido notificado en dos ocasiones por la Municipalidad Provincial de Huancané sin que se ejecutara un cierre definitivo. La primera notificación se produjo en diciembre del año pasado (2024), donde los funcionarios encontraron seis menores de edad dentro del recinto. La segunda notificación se registró el 29 de octubre del presente año (2025) a nombre de la señora Rosa Quispe Aquise, quien habría hecho caso omiso a la disposición (Paredes, 2025).
En este sentido, acusó a la municipalidad de actuar con negligencia al no garantizar el cierre definitivo, donde se esperó que murieran diez jóvenes calcinados, en su mayoría estudiantes del instituto pedagógico, mencionó el poblador de la ciudad de Chiriwana.
La situación se agrava con la revelación de la existencia de oficios del Ministerio Público que alertaban sobre la situación de los locales ilegales. Paredes exhibió documentación que revela que el fiscal provincial de Prevención del Delito, Carlos Jauregui, envió al menos tres oficios (N° 213, 411, y 488 del 2025) al alcalde de Huancané, Valerio Tapia Tapia, solicitando un informe de acciones adoptadas para la clausura de establecimientos comerciales, discotecas y bares que funcionaban sin licencia.

No obstante, la Municipalidad Provincial de Huancané «hizo caso omiso» a los requerimientos fiscales, incurriendo presuntamente en omisión de funciones. Según el denunciante, de haberse entregado ese informe y actuado conforme a la ley, la tragedia se pudo haber evitado.
El sistema judicial de Huancané fue blanco de severas críticas, donde el ciudadano Paredes manifestó su indignación porque, ante la muerte de diez jóvenes —ocho de ellos estudiantes del pedagógico—, el resultado judicial es la detención preliminar de solo siete días contra una única persona: José Javier Huanca Coila, presuntamente pareja o cocinero del local.
El denunciante cuestionó la capacidad de la Policía de Huancané, a la que acusó de «no tener la capacidad ni siquiera para poder hacer su trabajo en contra del contrabando» y de «estirar la mano y cobrar cupos». Lamentablemente, el fiscal Caira delegó la investigación a esa misma policía.
Finalmente, se deslizó la posibilidad de que el dueño del predio sea el exalcalde Alex Gómez o la esposa del exalcalde Arturo Álvarez Mendoza, ya que la municipalidad oculta la escritura del predio.
(E.C)
