La Defensoría del Pueblo de la región Puno ha advertido que la dinamita barata está alimentando a la minería ilegal y a las bandas de extorsionadores. A pesar de los esfuerzos por regular su comercialización, el Estado mantiene un control insuficiente, lo que permite que explosivos a bajo costo se desvíen al mercado negro.
Según José Luis Quequesana, adjunto para el Medio Ambiente, la dinamita formal termina en el mercado ilegal, donde «puedes conseguir un cartucho a S/10 y S/12. Estos explosivos, que no son rastreados, van a parar a manos de los extorsionadores y mineros ilegales. Se estima que la minería ilegal gasta entre 800 millones de dólares y 1,000 millones de dólares anuales en explosivos desviados de los canales formales.
La Defensoría ha cuestionado la débil fiscalización de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), la entidad responsable de regular el sector. «Un lapicero tiene un código de barras que permite rastrear su origen y destino. «¿Por qué un cartucho de dinamita no?», reclamó Quequesana.
Gran parte de este material ingresa de contrabando desde Bolivia y circula por rutas en Cusco y Puno. La Defensoría del Pueblo ha convocado a la Sucamec, la Policía y al Ministerio de Energía y Minas para que implementen medidas urgentes y eviten que la dinamita siga fortaleciendo la minería ilegal y la extorsión en el sur del país.
(E.C)