Luis Miguel Castilla, director ejecutivo del Instituto Videnza y reconocido economista, ofreció un análisis incisivo sobre la coyuntura política y económica del Perú en declaraciones a Decana Radio Juliaca. Castilla señaló que el «talón de Aquiles» del país es su clase política, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, a todo nivel, caracterizada por líderes que no sintonizan con las necesidades reales de la nación y que prometen objetivos inalcanzables. Una opinión que, según sus palabras, es compartida por más del 90% de los peruanos.
Para Castilla, este problema estructural se origina en una deficiencia educativa fundamental: la falta de comprensión sobre la naturaleza del Estado peruano, así como las responsabilidades y deberes ciudadanos. Propone que corregir esta base es crucial para evitar que quienes llegan al gobierno lo hagan solo para «hacerse del poder» y no para gobernar en beneficio del colectivo.
Asimismo, el analista económico enfatizó la necesidad de una profunda reforma en la formación de partidos políticos. A su juicio, se requiere la aparición de agrupaciones «de verdad» y no las actuales, que «se juntan cada cinco años para hacerse elegir», sugiriendo un cambio cultural indispensable en la política nacional.
Sobre el impacto de la minería artesanal e ilegal en la economía peruana, Castilla hizo un llamado a diferenciar claramente entre la minería informal, la pequeña minería artesanal y la minería ilegal. Advirtió que no se debe criminalizar ni estigmatizar ninguna actividad, por más que esta sea invadida por «elementos ilícitos e ilegales».
Lamentablemente, el país enfrenta un creciente número de mineros ilegales, en parte debido a un esquema mal utilizado y «trunco» de formalización como el REINFO, del cual solo el dos por ciento de los 80 mil inscritos habrían logrado salir del proceso.
Un dato alarmante proporcionado por Castilla es que la minería informal e ilegal estaría desplazando al narcotráfico, y según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Bancos, el 70% del lavado de activos del país está vinculado a la minería ilegal.
Esta actividad, que trasciende lo meramente económico, tiene un grave impacto en el medio ambiente, la salud y los derechos de los muchos trabajadores que laboran en ella, lo que subraya la urgencia de una intervención estatal efectiva y diferenciada.
(E.C)