Durante la sesión extraordinaria N.° 29 del Concejo Municipal de San Román, se puso en conocimiento el pedido de suspensión del regidor Ovidio Edgar Tumi Miranda, por una presunta extorsión vinculada al consorcio Tambopata. La presentación del caso generó reacciones inmediatas entre los dirigentes y representantes sociales que asistieron a la reunión.
El expresidente de las Cuatro Zonas, Antero Pimentel Esquivias, instó a los diez regidores presentes a actuar con firmeza y a no “darle la espalda a la población de Juliaca”. Señaló que, mientras duren las investigaciones, el regidor Tumi Miranda debería ser suspendido. Además, expresó su preocupación por la posibilidad de que se obstaculicen las indagaciones.
“Este regidor ya debería estar detenido; hay riesgo de que se entorpezca la investigación”, declaró Pimentel Esquivias, al demandar que en la próxima sesión se apruebe la suspensión preventiva.
Críticas a la actuación municipal y denuncias de amenazas
Otros dirigentes que participaron en la sesión también exigieron celeridad a las autoridades competentes. Manifestaron su disconformidad con la forma en que el alcalde y los regidores están manejando el caso, señalando falta de oportunidad en la respuesta institucional frente a un tema que consideran grave.
Asimismo, representantes sociales informaron que periodistas que investigan el caso estarían recibiendo amenazas, situación que calificaron como preocupante y que, según indicaron, debe ser atendida por las autoridades para garantizar la libertad de prensa y el debido proceso.
Uno de los dirigentes calificó la sesión como “un saludo a la bandera”, al afirmar que fue un ciudadano quien presentó el pedido de suspensión, pese a que —dijo— los regidores debieron actuar desde un inicio. Otro representante sostuvo que el concejo municipal no estaría cumpliendo ni siquiera su propio reglamento interno.
Pedido de suspensión por 120 días y posterior vacancia
Entre las principales demandas expuestas, se reiteró que el regidor Ovidio Edgar Tumi Miranda debería ser suspendido por un plazo de 120 días, mientras avanzan las investigaciones, y posteriormente —de comprobarse responsabilidades— evaluarse su vacancia.
Los dirigentes coincidieron en que la población espera decisiones claras y transparentes para evitar que este caso afecte aún más la confianza en las autoridades municipales.