A pocos meses de culminar la actual gestión municipal, el robo sistemático de S/ 416,959.80 de las cuentas de la EPS SEDA Juliaca S.A. continúa sumido en la impunidad y la falta de resultados concretos. El hecho, que consistió en retiros no autorizados de la cuenta corriente de la empresa en el Banco Interamericano de Finanzas (BanBif), ocurrió los días 18 y 19 de diciembre de 2024. Pese a la gravedad del monto sustraído, los informes técnicos y legales remitidos a la Municipalidad Provincial de San Román en julio de 2025 revelan un panorama de estancamiento judicial.
El proceso penal por el presunto delito de fraude informático agravado se encuentra actualmente en la etapa de investigación preliminar en la Primera Fiscalía Penal Corporativa de San Román, a cargo del fiscal Basilio Auma Pari. Debido a la naturaleza del crimen, el caso fue derivado a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVIAT) en la ciudad de Lima.
Sin embargo, diligencias críticas para el esclarecimiento de los hechos parecen haber quedado en el olvido: aunque se solicitó el lacrado de equipos de cómputo y teléfonos celulares el 13 de marzo de 2025, hasta la fecha no existe confirmación de que dicha acción se haya ejecutado ni se conocen resultados de peritajes informáticos.
El expresidente de la Central de Barrios de Juliaca, Orlando Fernández Sejje, denunció públicamente la inacción de las autoridades locales, señalando que no se evidencia una voluntad real por recuperar el dinero o identificar a los responsables.
Fernández criticó duramente la «pasividad» del alcalde Óscar Cáceres, quien, en su condición de presidente de la Junta General de Accionistas de la EPS, no estaría exigiendo celeridad, transparencia ni una rendición de cuentas efectiva sobre el estado de la investigación.
Mientras los funcionarios de SEDA Juliaca se limitan a responder que «las investigaciones están en curso», la ciudadanía observa con preocupación cómo se acerca el cierre de la gestión sin que se haya logrado recuperar el patrimonio afectado.
Los informes internos de la propia empresa, como el Informe N.° 011-2025-SEDAJULIACA, confirman que, transcurrido más de medio año desde la denuncia formal ante la fiscalía, el caso sigue sin arrojar nombres de implicados, dejando el millonario desfalco en un limbo legal que afecta directamente a la sostenibilidad de los servicios de saneamiento de la ciudad.
(E.C)