Familiares de víctimas y heridos en las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023 contra el régimen de Dina Boluarte decidieron formar una Organización de carácter Nacional para luchar por justicia y reparación. Desde esta instancia, hacen un llamado a las demás víctimas para que se sumen y denuncien. Además, solicitan al Fiscal de la Nación, Dr. Juan Carlos Villena, una reunión urgente para que informe sobre sobre el avance de las investigaciones fiscales y para que los responsables sean denunciados antes del término del plazo de la investigación fiscal.
Los familiares y heridos de las regiones de Ayacucho, Cusco, Puno, La Libertad, Apurímac, Junín, rescatan la reunión mantenida con el Dr. Luis Valdivia, nuevo coordinador del Equipo Especial de Fiscales para casos de Víctimas durante las Protestas Sociales (EFICAVIP), quien se comprometió a brindar información sobre sus casos. Reconocieron ser escuchados, pero, señalan que harán seguimiento a los compromisos.
Raúl Samillán, recientemente elegido presidente de la organización nacional señaló “Hemos formado una organización nacional porque a más de 1 año las investigaciones no han avanzado. Sabemos que la ex fiscal Patricia Benavides ha puesto muchas trabas. Por esta razón, pedimos una reunión con el Fiscal de la Nación, Dr. Villena, porque en abril y mayo culmina el plazo para las investigaciones, estamos muy preocupados”.
Por su parte, los abogados de las víctimas Carlos Rivera del IDL, Henry Mercado, Aroldo Vera, César Quispe, informaron que, a más de 1 año de las investigaciones, hay poco avance, pero en los últimos meses, el EFICAVIP ha dado disposiciones importantes. Por ejemplo, en casi todas las carpetas ya hay policías y militares investigados, se ha identificado a algunos de los autores materiales, los jefes de las regiones policiales están como investigados. Es decir, el Ministerio Público está considerando que los actos delictivos responden a órdenes superiores del comando policial y el ejecutivo. Además, informaron que los homicidios están siendo calificados como graves violaciones a los derechos humanos. También señalaron que en la carpeta de Dina Boluarte y Otárola se puede evaluar que la mayoría de las víctimas tienen disparos en el tercio superior de los cuerpos y que es posible que haya habido órdenes para eliminar.
Jovanna Mendoza, flamante vicepresidenta de la organización nacional, declaró que han formado esta asociación para encontrar verdad y justicia. “En todo el Perú hay heridos, pedimos que se unan a la organización. Ahora con la organización nacional vamos a luchar más unidos” afirmó. Además, demandó reparación para los huérfanos e hijos de los heridos. Finalmente, haciendo referencia a las últimas declaraciones de Dina Boluarte, señaló “¿puede una madre mandar a matar, masacrar a sus hijos cuando protestan y humillarlos?”
Renato Murillo, vocal de la organización nacional, advirtió que hay muchos heridos que tienen temor de hablar. “Nosotros los heridos seguimos sobreviviendo sin acceso al derecho a la salud. Hay heridos que por más de un año están discapacitados, viven con una fractura sin tratamiento, viven con más de 100 perdigones de plomo. Queremos urgente reparación”.
Magno Sánchez, fiscal de la organización pidió que no se olviden de los deudos, que todas las autoridades los escuchen y exige justicia. Finalmente, Dany Quispe, secretario nacional, en su idioma natal, señaló “no estamos reunidos en vano, estamos por nuestros hijos. Dina Boluarte es quien ha asesinado, que no vaya a nuestros pueblos, que no se atreva a dar caramelos. Nosotros somos millones, ellos son pocos. Pido de acá que se haga justicia”.