La fiscal Titular de la Nación Delia Espinoza, ofreció una conferencia de prensa en Juliaca, ocupándose esencialmente de la desactivación de equipos especiales por Tomás Gálvez, el cuestionado Fiscal interino
Estas declaraciones evidencian una falta de comprensión sobre la naturaleza de las investigaciones complejas. El fiscal interino afirma que no ha habido avances, ignorando que muchos de estos casos requieren años de trabajo sostenido. La creación de equipos especiales responde precisamente a esa necesidad de tiempo, técnica y coordinación.
«Los casos de corrupción y derechos humanos comparten una misma matriz de origen y complejidad. Por ello, necesitan equipos especializados que articulen información, pruebas y estrategias conjuntas. Resulta preocupante que se desconozca el valor de este enfoque cuando es clave para lograr resultados reales». señaló
Explicó que «Investigar estos hechos no es sencillo, y resulta aún más grave que el señor haya desactivado equipos sin fundamentar su decisión en resoluciones claras y motivadas. No se puede sostener una medida de tal magnitud únicamente en declaraciones verbales hechas en conferencias o intervenciones públicas. Esto afecta directamente a la seguridad jurídica y al Estado constitucional de derecho».
No se trata de un ataque a una gestión en particular, sino de una preocupación expresa como ciudadano. Cuando se desactiva un equipo que ha demostrado logros, existe la obligación legal de exponer, en cada resolución, las razones concretas de esa decisión. Debe justificarse si hubo ineficiencia o deficiencias, cosa que no se ha hecho.
La señora Espinoza señaló que “cuando asumimos funciones en la fiscalía el 8 noviembre del 2024, fue una sorpresa retomar conocimiento de estos casos y del estado real del trabajo del equipo. Lamentablemente, se informó que en varios expedientes se habían perdido huellas, pruebas balísticas y que muchas denuncias fueron mal formuladas o incompletas. Esto ocurrió por la falta de conducción adecuada de cada carpeta de investigación».
Advirtió que en los próximos días se deberá esperar el desarrollo de las investigaciones, ya que se trata de información pública. El escenario será analizado por la fiscal suprema provisional Carolina Delgado, quien inicialmente estuvo a cargo de la fiscalía correspondiente. Sin embargo, fue retirada por un evidente conflicto de interés personal y reemplazada por una persona de su confianza, la fiscal Lourdes Téllez Pérez.
Cabe resaltar que el funcionario designado en la Fiscalía N.º 17 se encuentra actualmente investigado. Dicha investigación está vinculada al caso de los “Cuellos Blancos” y se encuentra en manos de la Junta Nacional de Justicia. Aunque fue repuesto en el cargo, ello no extingue los hechos materia de investigación ni impide que se sigan los procedimientos ordinarios correspondientes.
Finalmente, respecto a la actual Junta Nacional de Justicia, «expresó que se encuentra seriamente cuestionada por su cercanía y entendimiento con el Congreso, lo que debilita su independencia. Desde aproximadamente mayo no se habría reabierto el caso, pese a que existen elementos que ameritan la aplicación estricta de la ley. No obstante, este señor vuelve a ser investigado por faltas graves que deben ser esclarecidas».
Estos hechos han sido expuestos públicamente y no resultan defendibles dentro de un Estado constitucional de derecho. La Junta Nacional de Justicia, el Congreso y las demás autoridades constitucionales tienen la obligación de ejercer un control recíproco y garantizar el equilibrio de poderes. Es precisamente esa fiscalización entre instituciones la que asegura la legalidad y protege los intereses de la Nación.
FB