La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, a cargo del fiscal William Otazu Pinto, arribó a la ciudad de Juliaca para ejecutar una diligencia en la Municipalidad Provincial de San Román, tras las denuncias difundidas por medios de comunicación que señalan al regidor Ovidio Edgar Tumi Miranda como presunto responsable de actos de corrupción.
El fiscal explicó que la intervención se realizó de oficio, amparada en las facultades que la Constitución otorga al Ministerio Público para recabar evidencias cuando surgen indicios razonables de un posible delito. “La intervención se realizó tras la propagación de la información en medios de comunicación, donde un regidor estaría involucrado en presuntos actos de corrupción”, precisó Otazu Pinto.
Se abre investigación preliminar
Como parte del procedimiento, la Fiscalía ha iniciado una investigación preliminar, a partir de la cual se programarán nuevas diligencias. El presunto implicado será notificado para que ejerza su derecho a la defensa, garantizando un proceso transparente y dentro del marco legal.
El fiscal señaló que el regidor Ovidio Edgar Tumi Miranda habría incurrido en el presunto delito de cohecho, recordando que, por su condición de funcionario público, corresponde a la Fiscalía actuar para esclarecer la situación. La investigación, según detalló, tendrá un plazo de 60 días, durante el cual se aplicarán técnicas especiales de verificación de hechos. No descartó que, de ser necesario, se solicite una detención preliminar.
Durante la intervención se recabó documentación relevante, con apoyo del personal municipal. En la diligencia participaron representantes del Ministerio Público y efectivos de la Policía Especializada, quienes continuarán acompañando el proceso investigativo. Otazu Pinto añadió que en su despacho existen “varios casos de este tipo en trámite”.
Testimonio clave comprometería al regidor
El caso se originó a partir de información vinculada a la obra de pistas y veredas en las urbanizaciones Tambopata I y San Pedro, en Juliaca, ejecutada a finales del año pasado. El proyecto, valorizado en S/ 5 millones 436 mil, fue financiado por el programa Mejorando Mi Barrio del Ministerio de Vivienda.
Un trabajador del consorcio encargado de la obra relató —bajo reserva de su identidad— que el regidor Ovidio Edgar Tumi Miranda habría distorsionado su labor de fiscalización, exigiendo a su jefe sumas de dinero para permitir el avance del proyecto. Según su testimonio, el regidor habría solicitado medio millón de soles, argumentando que la obra se habría concretado “gracias a su gestión”.
El trabajador aseguró que parte de ese monto se habría entregado mediante depósitos y pagos en efectivo, lo que motivó que la información llegara a los medios y posteriormente a la Fiscalía.
Investigación en curso
Con la documentación ya recabada y el inicio de la investigación preliminar, la Fiscalía busca determinar si efectivamente se cometió un acto de cohecho y si existieron pagos irregulares durante la ejecución del proyecto municipal. El Ministerio Público reiteró que actuará con independencia, transparencia y respeto al debido proceso, a fin de esclarecer un caso que ha generado preocupación en la ciudadanía de Juliaca.