
La Policía Nacional del Perú (PNP) ha intensificado los controles migratorios en la frontera con Bolivia, logrando la detención de aproximadamente 3 mil ciudadanos extranjeros que intentaban ingresar ilegalmente al país a través del Lago Titicaca.
La situación se ha vuelto crítica en Desaguadero, donde la PNP y Migraciones han reforzado los puestos de control en el puente internacional para verificar el ingreso de ciudadanos extranjeros. Se ha identificado que muchos bolivianos ingresan a Perú para realizar actividades comerciales en ferias y mercados, desde donde trasladan productos hacia Bolivia.
Ante la posibilidad de que grupos de extranjeros intenten evadir los controles fronterizos mediante rutas no autorizadas, la policía ha intensificado la vigilancia en puntos clave del Lago Titicaca, incluyendo la Isla de Amantaní, donde se han realizado numerosas intervenciones.
Las autoridades peruanas han informado que los controles migratorios seguirán reforzándose, con un equipo de 16 efectivos de la Policía Nacional realizando controles de identidad y operativos rutinarios en el puente de Desaguadero.

El aumento en los intentos de ingreso irregular a Perú se atribuye a la crisis de desabastecimiento de combustibles en Bolivia, que ha paralizado sectores clave como el transporte y la producción agropecuaria. La falta de dólares para importar diésel y gasolina ha generado un colapso en el suministro, afectando la economía boliviana y generando protestas.
La crisis boliviana también ha fortalecido el comercio informal en la frontera con Perú, intensificando el contrabando de productos esenciales en la región de Puno. El pueblo de Virupaya se ha convertido en un punto clave para el tráfico de mercancías, debido a la ausencia de oficinas de migración y aduanas.
A pesar de los esfuerzos de la Policía Nacional para intensificar la vigilancia en los pasos irregulares, la extensión de la frontera y la demanda de productos en ambos países complican la situación. Las autoridades peruanas se mantienen en alerta para evitar que el flujo de ingreso irregular incremente la presión sobre los controles migratorios en la frontera sur del país.