El ultimo, viernes, congresistas de la bancada de Fuerza Popular presentaron un proyecto de ley que plantea que quede «prohibido» para fiscales y jueces «solicitar y dictar mandato de detención preliminar judicial y prisión preventiva (…), bajo responsabilidad funcional», contra policías que causen «lesión o muerte» en el ejercicio de sus funciones.
La iniciativa legislativa tiene como autor al parlamentario fujimorista Víctor Flores Ruíz, y fue suscrita por otros seis congresistas de dicha bancada: Fernando Rospigliosi, Arturo Alegría, Héctor Ventura, Eduardo Castillo, Nilza Chacón y Mery Infantes.
Dicha iniciativa propone modificar dos artículos del Código Procesal Penal e incorporar otros dos «para impedir que el fiscal solicite detención preliminar y prisión preventiva contra el personal de la Policía en situación de actividad en cuadros que, en cumplimiento de su finalidad constitucional, hace uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria; y, como consecuencia, acontezca alguna lesión o muerte».
¿Qué plantea el proyecto de ley y cuáles son sus fundamentos?
Según indica el proyecto, su finalidad es «cautelar los derechos a la libertad, a la presunción de inocencia, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva que tiene el personal de la PNP que, en el ejercicio de su finalidad constitucional, acontezca alguna lesión o muerte, al hacer uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria».
«La libertad de acción para el logro de los fines constitucionales del personal de la Policía Nacional del Perú es primordial y no puede continuar limitado por las consecuencias jurídicas que pueden acarrear: la Detención Preliminar y la Prisión Preventiva», resalta la iniciativa.
En ese sentido, indica que, si el personal policial «actúa con firmeza, proporcionalidad y logra cumplir su finalidad constitucional y ocurre alguna lesión leve o mortal a su adversario», se le apertura un proceso judicial «que termina quebrantando su presunción de inocencia» con la detención preliminar o prisión preventiva.
En base a ello, indica que estos procesos jurídicos pueden «generar una reacción de reserva» o «un titubeo» al momento de ejecutar las operaciones policiales, lo cual podría «conllevar al fracaso» de los fines constitucionales de la PNP.
«Por lo tanto, existe la necesidad de salvaguardar al personal de la (PNP) para que tenga la actitud, la concentración y amplitud de acción para ejercer sus funciones constitucionales cuando hace uso de sus armas o medios de defensa de forma reglamentaria, limitando las facultades de acción del Fiscal, impidiéndolo que solicite la restricción de la libertad personal mediante una medida de coerción de detención preliminar o prisión preventiva, sin que se haya determinado su responsabilidad penal a través de una sentencia condenatoria», subraya el proyecto.
En otro momento, indica que es «menester eliminar cualquier barrera» que pueda tener la Policía «para que tengan la libertad de ejercer sus funciones constitucionales, sin temer las futuras represalias que puedan venir en su contra: la detención preliminar y la prisión preventiva». Es decir, en caso sean procesados por lesión o muerte producto de sus funciones, deberán «permanecer en libertad hasta que el proceso penal correspondiente determine, por intermedio de una sentencia condenatoria, su internamiento o no en un instituto penitenciario».
Otro de los beneficios aludidos por el congresista Flores para justificar su proyecto es que se contribuye «con el deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios en el país», y así «habrá mayor personal policial en las calles, ya que no serán encarcelados hasta que se les imponga una sentencia condenatoria».(RPP)