El Ejecutivo, por medio de el canciller Elmer Schialer, anunció la creación de un grupo de trabajo que analizará la permanencia del Perú en la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte?IDH), con la intención de evaluar una eventual salida “lo más rápido posible”.
“Estamos trabajando a marcha forzada para constituir esta comisión. No solo participarán el Ministerio de Justicia y la Cancillería, sino también actores sociales, civiles y académicos”, dijo el ministro a la prensa. Asimismo, indicó que se consultará con expertos en la materia. “La idea es consultar a todos. No se tomará una decisión unilateral”, expresó.
Dina Boluarte se opone a la Corte IDH
Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticara la ley de amnistía impulsada desde la Comisión de Constitución del Congreso, liderada por Fernando Rospigliosi; señalando que favorece la impunidad de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía sentenciados por delitos de lesa humanidad, Dina Boluarte salió a defender el proyecto y aseguró que no tomará en cuenta las observaciones realizadas por el organismo jurídico internacional.
«Desde aquel 7 de diciembre de 2022, la defensa del Estado peruano y de la sociedad frente a quienes le declararon la guerra siempre contará con nuestro respaldo. (…) El Perú es libre e independiente, con soberanía autónoma. (…) No permitiremos la intervención de la CIDH, que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que lucharon, arriesgando su vida, contra la insania del terrorismo. (…) No lo vamos a permitir», indicó la presidenta.
No es la primera vez que el Gobierno de Boluarte confronta al máximo órgano de interpretación de los derechos humanos en la región. En ocasiones anteriores, a través del Ministerio de Justicia, el Ejecutivo ya había expresado su desacuerdo con las observaciones realizadas por la CIDH. En aquella oportunidad, el ministerio afirmó que su postura estaba respaldada por el principio de soberanía: «El Estado peruano expresa su enérgico rechazo a las reiteradas disposiciones de la Corte que contravienen el derecho internacional, pues no se desprenden de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (…) La Corte no puede sustituir a las autoridades nacionales ni imponer acciones sobre una materia que no ha sido conocida en sede interna, afectando no solo la soberanía del Perú, sino debilitando el propio sistema», se lee en el pronunciamiento. (LR)
YC.