En un operativo conjunto liderado por el Ministerio Público, la Municipalidad Provincial de San Román e integrantes de la Mesa Técnica de Seguridad, se intervinieron un videopub y un local comercial que funcionaban de manera irregular, generando serias alertas en materia de seguridad ciudadana y licenciamiento municipal.
Local con 10 ambientes privados operaba sin vía de escape
Uno de los establecimientos intervenidos se ubica en la primera cuadra del jirón Salaverry. Según la fiscal Lili Gladys Valdivia Gonzales, quien encabezó la diligencia, el local contaba con una autorización otorgada en 2023 como videopub; sin embargo, tenía habilitados 10 ambientes privados y no contaba con una vía de escape.
Los responsables del local se habrían acogido a lo dispuesto por la Ley N.° 31941, que permite no cerrar temporalmente los locales si los propietarios subsanan las observaciones de inmediato, motivo por el cual se evitó el cierre del lugar. No obstante, la fiscal exhortó a la Municipalidad de San Román a revisar detalladamente el ITSE (Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones) y la autorización municipal vigente, ya que persisten dudas sobre cómo se otorgó su licencia.
Fachada de restaurante ocultaba venta de alcohol en Ayacucho
Otro local intervenido se encuentra en el jirón Ayacucho, donde operaba con fachada de venta de comida, pero durante la intervención se evidenció que también se expendían bebidas alcohólicas, incluso a personas que se encontraban visiblemente ebrias.
La fiscal Marife Añasco Yanes, a cargo de esta intervención, identificó graves deficiencias en la licencia de funcionamiento y en el certificado ITSE. El local solo contaba con una puerta de ingreso y no tenía una vía de escape, situación que representa un alto riesgo ante emergencias como incendios o sismos.
Preocupación por la permisividad municipal y la seguridad pública
Estas intervenciones revelan una preocupante permisividad en la entrega de licencias municipales y certificados ITSE, poniendo en evidencia posibles irregularidades administrativas y falta de control por parte de la comuna calcetera. La ciudadanía exige una fiscalización más rigurosa y sanciones firmes a los funcionarios y propietarios que incumplen la normativa vigente.
