El expresidente de la Central de Barrios de Juliaca, Orlando Fernández Sejje, se pronunció tras la sesión extraordinaria del concejo municipal en la que se dio a conocer la solicitud de vacancia presentada contra el regidor Ovidio Edgar Tumi Miranda, pedido que fue interpuesto por el exdirigente junto a otros ciudadanos, sustentado en el cambio de domicilio del fiscalizador fuera de la jurisdicción municipal.
Fernández Sejje señaló que es fundamental respetar los procedimientos administrativos para evitar errores como los ocurridos en otras municipalidades. En ese sentido, indicó que el concejo debe actuar conforme a los plazos establecidos y que, de acuerdo con la normativa, la próxima sesión para tratar la vacancia debería realizarse dentro de los cinco días hábiles, y esta misma se desarrollara la próxima semana.
“Creemos que, según la Ley Orgánica de Municipalidades, este caso no tiene vuelta que dar. La ley es clara y debe cumplirse”, manifestó, al tiempo de precisar que la sustentación del pedido la realizará personalmente. No descartó contar con el apoyo de un abogado, siempre que exista disponibilidad; de lo contrario, afirmó que asumirán la defensa del pedido por cuenta propia.
El exdirigente explicó que el artículo 22, inciso 5, de la Ley Orgánica de Municipalidades establece como causal de vacancia el cambio de domicilio fuera de la respectiva jurisdicción municipal. Según detalló, cuando el regidor postuló al cargo, su DNI —con fecha de emisión de enero de 2021— consignaba domicilio en San Román, Juliaca. Sin embargo, desde mayo de 2024, el documento registra domicilio en el distrito y provincia de Lampa, con una nueva emisión.
“Los documentos están ahí. No es un tema de interpretación, sino de cumplimiento de la ley. Hay una infracción clara y, por lo tanto, corresponde la vacancia”, enfatizó Fernández Sejje. Añadió que, de concretarse, este proceso sentaría un precedente para las autoridades que asuman funciones en el futuro, reforzando el respeto a la normativa vigente.
Finalmente, el exdirigente sostuvo que el cambio de domicilio del regidor obedecería a aspiraciones políticas personales, hecho que —a su juicio— no justifica el incumplimiento de los requisitos legales para ejercer el cargo. El concejo municipal deberá evaluar el caso en la siguiente sesión y emitir una decisión conforme a ley.