El presidente de la Mesa Técnica de Seguridad Ciudadana de Juliaca, Hernán Layme Yepes, afirmó que, a ocho meses de su creación, este espacio de articulación ha contribuido a reducir la incidencia delictiva en la ciudad. No obstante, reconoció que los resultados aún no alcanzan las expectativas de la población y que persisten serias limitaciones en la capacidad operativa de la Policía Nacional.
Layme explicó que la mesa no tiene facultades ejecutivas, sino que cumple un rol de coordinación entre autoridades, líderes sociales y ciudadanía. Desde su instalación, se realizan reuniones periódicas —inicialmente dos veces por semana, los martes y viernes— donde se abordan problemáticas específicas de los distintos barrios.
“Va bajando la incidencia delictiva, no en las proporciones que quisiera la población, pero hay avances”, sostuvo. Añadió que, ante hechos graves como asaltos, la mesa se reúne de inmediato para solicitar informes a la Policía, incluyendo reportes de inteligencia e intervenciones realizadas. Según indicó, esta dinámica ha permitido un seguimiento más cercano de los casos y una respuesta más articulada.
Limitaciones en logística policial
En otro momento, Layme abordó uno de los principales cuestionamientos ciudadanos: la demora o ausencia de la Policía ante emergencias. Señaló que la institución enfrenta serias carencias logísticas y de personal.
“Hay que explicar en qué condiciones están trabajando. No es justificar, pero sí entender la realidad”, manifestó.
Detalló que en Juliaca operan cuatro comisarías —Caracoto, Santa Rosa y otras dependencias en la ciudad—, pero no cuentan con más de diez vehículos para el patrullaje, situación que limita las acciones preventivas. Además, indicó que el número de efectivos es insuficiente para cubrir toda la jurisdicción.
Esta precariedad provoca que, en muchos casos, solo el serenazgo municipal atienda los llamados de emergencia, generando malestar entre los vecinos. “La población dice con toda razón: llamo a la Policía y no llega”, expresó.
Exigen mayor apoyo del Gobierno Central
El presidente de la mesa técnica sostuvo que se viene exigiendo al Gobierno Central priorizar a la región Puno en la asignación de recursos para seguridad. Sin embargo, cuestionó la lentitud de los trámites administrativos.
“No vamos a esperar hasta el año 2050 para que envíen vehículos. Algo se tiene que hacer en Juliaca, porque somos nosotros quienes asumimos las consecuencias del accionar delictivo”, enfatizó.
Asimismo, recordó que en anteriores enfrentamientos se evidenció la desventaja en equipamiento de la Policía frente a organizaciones criminales mejor armadas, lo que —según dijo— demuestra la urgencia de fortalecer la capacidad logística de la institución.
Llamado a la participación ciudadana
Finalmente, Layme hizo un llamado a la población a comprometerse activamente en la seguridad, especialmente mediante el fortalecimiento de las juntas vecinales. Señaló que la lucha contra la delincuencia no es solo responsabilidad de las autoridades, sino también de la ciudadanía organizada.
“No somos abogados de la Policía. Lo que buscamos es articular y encontrar soluciones conjuntas”, concluyó.
Mientras tanto, la percepción de inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones en Juliaca, donde vecinos demandan resultados concretos y acciones más visibles frente al delito.