En acción simultánea en cinco ciudades del país, la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas (Fistrap) interviene buses interprovinciales y vehículos particulares con el objetivo de identificar la presunta comisión de delitos de trata de personas en agravio de menores y tráfico ilícito de migrantes.
El operativo se desarrolla en terminales terrestres y principales carreteras de Lima, Madre de Dios, Tacna, Puno y Tumbes, a propósito del feriado largo, con el apoyo de personal de Migraciones, Sutran y la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Dirctptim) de la Policía Nacional del Perú.
Durante la diligencia se inspeccionan los vehículos con la finalidad de corroborar que no se transporte a víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, delito sancionado con pena privativa de la libertad de entre 8 a no menor de 25 años.
Respecto al delito de trata en la modalidad de la captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención mediante engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, se verificará que los menores de edad se encuentren en compañía de sus padres o apoderados, viajando con la autorización pertinente.
De igual manera, se busca prevenir el tráfico ilícito de migrantes, que consiste en promover, favorecer, financiar o facilitar la entrada o salida ilegal del territorio peruano de otra persona con el fin de obtener un beneficio para sí o un tercero. La pena de este delito va desde los 4 años hasta los 25 años.
Para ambos delitos, la pena podría agravarse si existiese pluralidad de víctimas, si son menores de edad o se haya cometido por una organización criminal, entre otros.
La fiscal superior Rocío Gala Gálvez, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, señala que en lo que va del año se han atendido, en las 14 fiscalías especializadas a nivel nacional, 971 denuncias en agravio de más de 1500 víctimas. A través del trabajo fiscal se ha conseguido que se declare fundado el requerimiento de 44 medidas de prisión preventiva para investigados por presuntos delitos de trata de personas.