El delegado de base del penal de Juliaca, Néstor Chambilla Baylon, alertó sobre la crítica situación de hacinamiento que atraviesa este establecimiento penitenciario, donde —según señaló— la población interna supera ampliamente su capacidad operativa. “El penal fue construido para albergar a 400 reos, pero actualmente tenemos alrededor de 1 500 internos”, denunció.
Chambilla explicó que gran parte de los presos que llegan a Juliaca provienen del penal de Challapalca como parte de un proceso de progresión penitenciaria. “Los internos que se portan bien son trasladados al penal de Juliaca; sin embargo, muchos de ellos son de alta peligrosidad, provenientes incluso de Lima y del norte del país”, afirmó.
El delegado también advirtió que los diferentes pabellones —entre ellos etapa C, máxima, mediana y mínima seguridad— han sobrepasado su capacidad. “Todo esto ya se viene desbordando”, manifestó, mostrando preocupación por la limitada infraestructura y los riesgos que esto genera tanto para internos como para el personal.
A esta situación se suma la escasez de personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Según Chambilla, solo 30 trabajadores están a cargo del resguardo y vigilancia de la población penitenciaria.
El delegado también cuestionó el estado de los equipos de control con los que se revisa a los visitantes. Indicó que, debido a que se encuentran obsoletos y malogrados, el personal se ve obligado a realizar inspecciones manuales, lo que genera constantes denuncias por tocamientos indebidos y, en otros casos, facilita el ingreso de objetos prohibidos.
Finalmente, Chambilla Baylon reconoció que dentro del personal existe corrupción; sin embargo, aseguró que se viene trabajando para erradicarla. Asimismo, descartó que desde el penal de Juliaca se realicen llamadas extorsivas. “Cada interno tiene un código para las comunicaciones. Si alguien realiza una llamada indebida, se puede detectar”, sostuvo.
La situación expuesta refleja la urgente necesidad de acciones estructurales para enfrentar el hacinamiento y fortalecer la seguridad en uno de los penales más críticos del sur del país.
