La inseguridad continúa escalando en San Román, pese a que la provincia registra la mayor inversión en seguridad ciudadana de toda la región. En lugar de reconocer limitaciones o presentar resultados concretos, el alcalde Óscar Cáceres optó por responsabilizar directamente a los vecinos, generando cuestionamientos sobre el liderazgo municipal frente a una problemática que afecta a toda la ciudad.
“Todos los días tengo ciudadanos que se quejan por intentos de robo, pero ¿qué acciones tomaron para cuidar sus viviendas?”, afirmó, sugiriendo que la población tendría parte de la culpa por los constantes delitos. Sus declaraciones han sido interpretadas por diversos sectores como un intento de desplazar la responsabilidad municipal y minimizar la falta de resultados tangibles.
Los vecinos recuerdan que, aunque el municipio destina importantes recursos a Serenazgo, equipamiento y proyectos de vigilancia, los índices de criminalidad no muestran mejoras visibles. Las calles continúan con escasa presencia policial y los patrullajes son insuficientes en zonas críticas, situación ampliamente documentada por organizaciones vecinales.
Cáceres intentó justificar la falta de eficiencia señalando que Juliaca es la ciudad más poblada de la región, pero no presentó evidencias que expliquen por qué la inversión ejecutada no se traduce en una reducción perceptible de delitos. “Faltan policías y solo tenemos dos comisarías”, dijo, pese a que la dotación policial y la infraestructura no dependen del municipio, pero sí la capacidad de coordinar acciones efectivas con la PNP y optimizar el uso de recursos locales.
Aunque el alcalde anunció la entrega de terrenos para dos nuevas comisarías y la construcción de lo que denomina “el mejor cuartel de Seguridad Ciudadana”, no detalló fechas, avances de obra ni mecanismos de fiscalización, elementos esenciales en un contexto donde la ciudadanía exige transparencia y resultados verificables.
Respecto al Serenazgo, Cáceres insistió en que los serenos no pueden enfrentar a delincuentes por falta de facultades legales. Sin embargo, especialistas en seguridad señalan que la gestión municipal sí puede fortalecer protocolos de patrullaje, respuesta rápida, prevención comunitaria y articulación con la PNP, áreas donde aún persisten deficiencias.
El alcalde atribuyó finalmente la crisis a fallas estructurales del Estado, como sanciones débiles y un sistema penitenciario saturado, argumentos que, aunque ciertos, no eximen al gobierno local de su responsabilidad inmediata: garantizar acciones eficientes, rendición de cuentas sobre el uso del presupuesto y estrategias que generen cambios concretos en la vida diaria de los vecinos.
Mientras tanto, la población continúa preguntándose: si San Román es la provincia que más invierte en seguridad, ¿por qué la sensación de abandono y vulnerabilidad sigue siendo la misma?