El Salvador con 6 millones 300 mil habitantes, la quinta parte del Perú, tiene una población penal similar, 100,000 presos, gobernado por Nayib Bukele, 42 años, antes alcalde de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que lo expulsó el 2017, elegido Presidente de la República el 2019 por la Gran Alianza Unidad Nacional (GANA), de centroderecha, con el 53.10 % de votos.
La violencia es el principal problema del país, dominado por las pandillas criminales Maras: Salvatrucha con 250,000 miembros y Barrio 18 con 50,000, dedicadas al narcotráfico, sicariato extorsión y otros delitos graves.
Nayib Bukele implementó el Plan “Control territorial” con control de las cárceles, copamiento territorial (redadas) y tribunales sin rostro, cambiando un tercio de jueces, juicios sumarios colectivos, condenas de 10 y 20 años a niños entre 12 a 14 años y 14 a 17 años.
Al reducir los crímenes de 38 a 7 por 100,000 habitantes y desarticular a las Maras, Bukele goza del 80% de popularidad, logrando un pronunciamiento de la justicia para su reelección como presidente, pese a la prohibición constitucional.
En el Perú han surgido propuestas para aplicar el “Plan Bukele”. Debiéramos empezar por aplicar las leyes y que las instituciones cumplan sus funciones. Reordenemos las cárceles, cortemos las comunicaciones ilegales, la tenencia de celulares y la introducción de drogas a los penales. La Fiscalía y el Poder judicial deben acelerar las investigaciones y procesar los juicios evitando que el 54% de nuestra población penal carezca de sentencia.