La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 49,791 en la Red de Salud San Román – Hospital Carlos Monge Medrano debido a irregularidades en la compra de un esterilizador a vapor (autoclave) y un triturador de residuos sólidos.
La empresa contratista no cumplió con la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos en el plazo contractual. Además, el jefe de almacén central y el área usuaria otorgaron conformidades que no se ajustan a la verdad, buscando evitar el cobro de penalidades.
Según el Informe de Control Específico N° 027-2023-2-0670, derivado de los procedimientos de las adjudicaciones simplificadas n°006 y 007-2020-GRP/RSSR para la adquisición de los mencionados equipos mediante la modalidad de llave en mano, se adjudicó la buena pro por un total de S/ 497,900. Estos contratos fueron formalizados el 29 de diciembre de 2020.
A pesar de que la contratista tenía la obligación de cumplir con las condiciones contractuales para el 29 de enero de 2021, entregó el autoclave el 18 de febrero de 2021, el triturador el 20 de abril de 2021 y su instalación y funcionamiento se materializaron el 21 de abril de 2023, después de dos años y tres meses.
No obstante, el jefe de almacén y la jefa de la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental otorgaron conformidades con fecha del 31 de diciembre de 2020 con la aparente intención de evitar penalidades por retraso injustificado por un monto de S/ 49,790.
Esta situación es atribuible al actuar del jefe de almacén y la jefa de la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental, quienes contravinieron el Texto Único Ordenado TUO de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Estas normativas establecen la necesidad de verificar las contrataciones antes de otorgar conformidad y el pago debe realizarse después de la ejecución efectiva del servicio.
El informe fue presentado al director de la Red de Salud San Román – Hospital Carlos Monge Medrano y se instó a iniciar acciones administrativas para determinar y deslindar las responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos involucrados.