La Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno logró una sentencia de ocho años de prisión efectiva contra Guillermo Canaza, presidente de la comunidad campesina de Yuco, tras acreditarse su responsabilidad en el delito de minería ilegal agravada.
Según lo expuesto en el juicio por el fiscal provincial Federico Chávarry Cuneo, quedó demostrado que el sentenciado extrajo, desde el año 2018, mineral no metálico (arena) del río Coata sin contar con la autorización administrativa correspondiente. Esta actividad no solo se realizó de manera clandestina, sino que generó una grave afectación al cauce y a la faja marginal del afluente.
Las investigaciones también revelaron que Canaza empleó maquinaria pesada y volquetes para realizar la extracción de forma continua, encubriendo sus operaciones bajo el pretexto de trabajos de “limpieza y descolmatación”. El retiro indiscriminado de arena ocasionó la acumulación de sólidos en suspensión y la destrucción parcial de la defensa ribereña, incrementando el riesgo ambiental en la zona.
Durante el proceso se presentaron testimonios, fotografías, pericias e informes técnicos, entre otros elementos que permitieron sustentar la acusación fiscal y demostrar su responsabilidad penal.
Además de la pena privativa de libertad, la sentencia impone a Canaza ocho años de inhabilitación para ejercer actividades extractivas y el pago de una reparación civil de S/ 30 000 a favor del Estado.
La decisión judicial, destacó la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Puno, reafirma su compromiso con la defensa de los recursos naturales, la protección del patrimonio ambiental y la lucha frontal contra los delitos que afectan los ecosistemas de la región.