Félix Suasaca, coordinador regional de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Pesados, recordó que en el 2021 impulsó la Ley 31189, la cual dice que debe implementarse una ayuda para las personas que han sufrido a causa de la contaminación ambiental producida por la minería ilegal. Además, comentó que el decreto supremo 037 precisa que estos ciudadanos tienen que contar con agua potable en sus viviendas.
Y como no hay un registro de los ciudadanos contaminados por la actividad minera ilegal en la región Puno, se le ha solicitado al gobierno regional para que hoy se realice una reunión de trabajo sobre la implementación de los mecanismos de las referidas normas.
Dejó en claro que este encuentro será el primer de su tipo en la historia del Perú, por lo que contará con un reconocimiento mediante una resolución regional. “Vamos a convocar a todos: universidades, colegios profesionales, dirigentes, afectados, instituciones de salud, miembros del concejo regional y alcaldes”, expresó y detalló que se necesita el apoyo en conjunto.
Indicó que esta cita reemplazará a las mesas técnicas y las actas que hubo en el pasado. “Ahora tenemos instrumentos legales y el mediador (en la reunión) será el defensor del pueblo (en Puno, Jacinto Ticona)”, adelantó. Asimismo, sostuvo que el objetivo es beneficiar a quienes viven en las cuencas: Coata, Ramis, Suches, Llallimayo, Jatunayllu, Blanco, entre otras. De paso, incluyó a La Rinconada, Sandia y otras zonas contaminadas.
Finalmente, dio a conocer que más adelante se convocarán a los miembros de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que han trabajado el tema medioambiental, con el fin de llegar a un punto medio. “Porque queremos tener una plataforma clara de la ley en la región Puno y el gobierno regional debe dar un presupuesto cuando esté implementada”, señaló.