La particularidad de este viaje de la Presidenta es que se da en un contexto de enfrentamiento contra las autoridades regionales, municipales y la sociedad civil moqueguana por la contaminación de río Coralaque —ante la falta de control y de exigencia de garantías financieras suficientes que debería de entregar la Empresa Aruntani para garantizar un proceso de cierre de mina adecuado tal como lo exige la legislación vigente—.
La Presidenta no quiere gobernar y el Congreso le sigue la corriente. Le aprobó un viaje inconstitucional e improductivo por quinta vez para la satisfacción de su frivolidad. No hay quinto malo reza un dicho, pero esta vez le irá peor porque las autoridades y la sociedad civil organizada moqueguana le ha declarado la guerra al Ejecutivo por tanta mecida en la solución definitiva de la contaminación del río Coralaque.