La Central Única Distrital de Rondas Campesinas del Distrito de Macusani, provincia de Carabaya, región Puno, en representación de las comunidades originarias de Tantamaco, Pacaje, Ccatacancha y otras, ha emitido un enérgico pronunciamiento en rechazo a la Ley Nro. 32293. Esta normativa modifica la Ley Nro. 24657, Ley que declara de necesidad nacional e interés social el deslinde y titulación del territorio de las Comunidades Campesinas, para incorporar en el proceso de formalización a pobladores con posesiones informales constituidas entre 2004 y 2015 con multas de vivienda sobre propiedad comunal.
A través de un comunicado dirigido al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y refiriéndose directamente a la presidenta Dina Boluarte ya los congresistas, las rondas campesinas expresaron su «categórico rechazo» a la ley mencionada.
En su primer punto, la organización califica la Ley Nro. 32293 como una medida que atenta contra los derechos de las comunidades originarias.
En segundo lugar, ante la «crisis general y el deterioro total del estado», la Central Única de Rondas Campesinas alertó a sus comunidades sobre el peligro que representa esta ley, afirmando que «legaliza el despojo territorial sistemático» y vulnera su posesión de propiedad sobre territorios ancestrales, incluso en ausencia de títulos de propiedad por omisión del Estado. En este sentido, invocaron el artículo 14 del Convenio 169 de la OIT, argumentando que su derecho a la propiedad territorial, basado en su ocupación histórica, es preexistente al Estado y que el título de propiedad solo declara un derecho originario.
En el tercer punto de su pronunciamiento, la organización campesina manifestó que la ley contraviene el artículo 89 de la Constitución Política del Perú, que reconoce la garantía de imprescriptibilidad sobre los territorios comunales ancestrales.
Finalmente, la Central Única Distrital de Rondas Campesinas de Macusani declaró la Ley Nro. 32293 como «inconstitucional» por atentar contra su autonomía territorial y su derecho a la consulta previa como comunidades campesinas originarias del distrito de Macusani, la provincia de Carabaya, la región Puno y del Perú en general.
Este fuerte pronunciamiento se suma a otras voces de comunidades originarias y organizaciones sociales que han expresado su preocupación por las implicaciones de esta nueva ley en la seguridad jurídica de sus territorios ancestrales. Se espera que en los próximos días se intensifiquen las acciones de protesta y los pronunciamientos en contra de la normativa.