El Ministerio Público archivó la investigación por usurpación agravada, daños y disturbios en contra de 192 personas que fueron detenidas en la Universidad Nacional Mayor San Marcos (UNMSM) durante las protestas en contra del Gobierno de Dina Boluarte, el sábado 21 de enero. Como se recuerda, la Policía ingresó con tanquetas al recinto para retener a los ciudadanos que habían llegado desde otras regiones del país, como Madre de Dios, Moquegua, Junín, Puno, Huancavelica, Cusco, Ayacucho y Arequipa.

El documento señala que las personas involucradas no estaban reunidas de manera desordenada y violenta, ya que solo querían pernoctar y alimentarse. Asimismo, se indica que «no hay evidencia de que los investigados hayan causado lesiones o daños a la integridad física de personas o a los bienes públicos de la UNMSM o bienes privados».

Se especifica, además, que en un acta de visualización proporcionada por la universidad San Marcos no se describe ningún hecho de violencia o amenaza contra el personal de seguridad de la casa de estudios.

Asimismo, se establece que, en cuanto al delito de usurpación, «no hay evidencia objetiva del uso de la fuerza física ni amenaza por parte de los investigados contra el personal de seguridad o alguna cosa de o bien», por lo que «no se le puede imputar, objetivamente, esta conducta».

Durante la operación participaron al menos 400 efectivos antimotines de la PNP y no hubo presencia de fiscales. De acuerdo a la Policía y a la Defensoría del Pueblo, al menos 207 personas fueron intervenidas en la Decana de América. Luego, la Fiscalía anunció la liberación de 192 de ellas. La mayoría de los afectados fueron trasladados a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y a la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote).

En ese entonces, el abogado y exprocurador anticorrupción Ronald Gamarra aclaró que durante el operativo no se incautó ningún elemento que pudiera involucrar a estas personas en los delitos de daños, disturbios o terrorismo.  “La presidenta Dina Boluarte los ha puesto en una situación de grave vulnerabilidad”, manifestó. (La República)

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