La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó este martes, con 9 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, la denuncia constitucional que propone la inhabilitación por diez años para ejercer cualquier cargo público contra los fiscales supremos Delia Espinoza Valenzuela, Juan Carlos Villena Campana, Pablo Sánchez Velarde y Zoraida Ávalos Rivera.
La decisión se adopta en el marco de un expediente que atribuye a los magistrados presuntas faltas como abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato e infracción constitucional. Con ello, la subcomisión concluye una primera etapa del proceso disciplinario, que ahora pasará a instancias superiores dentro del Parlamento.
De acuerdo con el procedimiento, el informe final aprobado deberá ser enviado a la Comisión Permanente, donde será nuevamente debatido. Si obtiene luz verde, será elevado al Pleno del Congreso, que tendrá la última palabra sobre la aplicación o no de las sanciones e inhabilitaciones sugeridas.
El avance de este caso ocurre en un contexto marcado por las crecientes tensiones entre el Congreso y el Ministerio Público. En las últimas semanas, la fiscal suprema Delia Espinoza enfrentó también una denuncia constitucional impulsada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien solicitó igualmente su inhabilitación por diez años.
En el caso de Zoraida Ávalos, esta nueva denuncia se suma a procesos anteriores que ya determinaron su inhabilitación temporal, lo que profundiza el escenario de confrontación institucional. La inclusión de los fiscales Juan Carlos Villena y Pablo Sánchez en el mismo expediente revela además la amplitud del proceso sancionador, que apunta a algunos de los funcionarios de mayor rango dentro de la Fiscalía.
Con esta decisión, el Congreso abre un nuevo capítulo en una disputa que no solo compromete la estabilidad del Ministerio Público, sino que también genera preocupación en sectores que observan con atención el impacto que estas medidas pueden tener en la independencia de las instituciones y en la lucha contra la corrupción en el país.