La oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno demandó a las autoridades del Gobierno Regional convocar con urgencia a sesión de la Comisión Regional Anticorrupción para que se elija a un o una nueva titular y la conformación de una subcomisión de trabajo que dé seguimiento a los casos emblemáticos sobre corrupción existentes en la región a fin de garantizar la celeridad en su resolución.
Este pedido se realizó tras conocer la decisión del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Puno de declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva por 9 meses en contra del gobernador regional, Agustín Luque Chayña, por presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado peruano.
Además, cabe recordar que la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, también informó que entre el 2017 y el 2020, el departamento de Puno registró 899 casos de corrupción en trámite, de los cuales 31 constituyen casos emblemáticos. Las municipalidades distritales y provinciales, así como el Gobierno Regional fueron las entidades más agraviadas por delitos de corrupción.
“Urge que se evalúe con rigurosidad el desempeño de las/os funcionarias/os del Gobierno Regional de Puno, y de corresponder, designar servidoras/es probas/os e íntegras/os que respondan a las expectativas de la ciudadanía”, sostuvo el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en la región, Jacinto Ticona.