El ingeniero Rubén Tamayo, dio una opinó técnica sobre el problema que mantiene a la expectativa a la población de Puno, respecto a la detención preventiva de que puede ser objeto en las siguientes horas el gobernador regional acusado de colusión agravada por haber negociado con el consorcio chino exonerándolo del pago de más de 500 mil soles.
Según Rubén Tamayo, si el gobernador regional hubiera contado con un asesor experto en temas de contrataciones del estado, un hubiera caído en la comisión de un delito, salvo que no haya tomado en cuentas sus consejos.
Advirtió que hubiera sido necesario acudir a un perito técnico para el cálculo de la penalidad, que como es de conocimiento el Ministerio Público la consideró en un monto superior a los 3 millones, el Consorcio Supervisor lo calculó en 600 mil y la entidad de 504 mil; sin embargo, al parecer hubo otras voluntades.
