La comunidad de Boca San Gabán, en la provincia de Carabaya, vive un clima de terror y angustia. Más de veinte familias han sido desalojadas de sus tierras ancestrales por supuestos mineros que, armados y encapuchados, han tomado control de la zona, poniendo en riesgo la vida y el patrimonio de los pobladores.
Ever Alejandro Quispe Calsina, vicepresidente de la zona, relató que la crisis se agudizó tras un operativo realizado el pasado 10 de julio, en el que participaron más de 110 policías y el fiscal Gonzalo Cuba Chávez. El objetivo era instalar maquinaria pesada para la extracción de minerales, generando pánico entre los residentes.
Según Quispe Calsina, el supuesto concesionario, Lino Andrés Cáceres Cancapa, junto a su hijo William Cáceres Tito y el abogado Beltrán Hancco, ha empleado métodos intimidatorios, agrediendo a mujeres y amenazando legalmente a quienes se oponen. El dirigente sostiene que el concesionario solo tiene derechos sobre el subsuelo, mientras que la superficie pertenece a los antiguos poseedores, quienes solo cuentan con certificados de posesión de pequeñas parcelas.
La situación ha alcanzado niveles críticos, pues la presencia de grupos armados ha obstruido el acceso a carreteras y campos de trabajo, dificultando el sustento de los agricultores. Quispe Calsina también denunció que no se realizó ninguna consulta previa o popular, lo que, a su juicio, convierte la actividad minera en completamente ilegal.
Las familias afectadas, incluyendo niños, han sido víctimas de actos violentos y del uso de explosivos. Por ello, exigen el fin de los desalojos y un pronunciamiento inmediato de la Dirección Regional de Energía y Minas, así como la intervención de la Defensoría del Pueblo y los derechos humanos para restablecer la tranquilidad y garantizar sus derechos ancestrales.
(E.C)