El último 22 de diciembre, 108 políticos solicitaron su inscripción ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Puno, a fin de buscar representar a los puneños ante el Congreso de la República en el periodo que inicia el 28 de julio del 2021. Sin embargo, entre todos ellos destacan personas nada decentes, prontuariados y hasta rehabilitados.
ALIMENTOS
Marco Larry Yucra Limahuaya, por ejemplo, candidato del Partido Nacionalista Peruano, según su declaración jurada ante el JEE, registra una sentencia por alimentos en el Tercer Juzgado de Paz San Román, la cual cumple con un depósito mensual.
Otro candidato del partido político de Ollanta Humala en la misma situación es Rubén Sebastián Calizaya Zeballos, quien reconoció una demanda por alimentos en el Juzgado de Paz Letrado.
De igual modo, el exdecano del Colegio de Profesores, Flavio Cruz Mamani, hoy candidato al Congreso por el partido Perú Libertario, registra también una sentencia por alimentos en el Primer Juzgado de Paz, donde se aprobó una conciliación.
Por otro lado, el actual director regional de Educación, Mario Benavente Llerena, tiene una demanda contractual emitida en el 2016 por el Tercer Juzgado de Paz. El candidato por Alianza Para el Progreso, además de incumplir sus obligaciones familiares, infringió un primer acuerdo de las partes.
Acción Popular no se salva de estos casos. Carlos Javier Zeballos Madariaga registra una sentencia contractual emitida por el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Juliaca, el cual le obliga a dar una cantidad de dinero.
Como si ello no fuera suficiente, las mujeres también cumplen obligaciones familiares. Yonhy Lescano y Danitza Frisancho Berrios registran una sentencia emitida por el Órgano Judicial de San Román, que dispone que paguen una manutención.
OTROS DELITOS
Los impresentables no podían faltar en este proceso electoral. Ellos cometieron secuestro, receptación y otros delitos. En Unión Por el Perú hay tres candidatos con serios antecedentes penales.
La primera es Dina Irene Hancco Hancco, quien registra una sentencia condenatoria emitida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de San Román, por el delito de receptación en el año 2011. Ella fue condenada a una pena suspendida de 3 años y 6 meses, que ya cumplió.
Adrián Sucapuca Payehuanca, en tanto, tiene una sentencia firme emitida por la Sala Penal de Reos en Cárcel de Lima, por el delito de secuestro. Por ello, lo condenaron a 9 años de prisión efectiva en el 2008. Es decir, ya está libre.
Como si ello fuera poco, el mismo candidato tiene una segunda sentencia, esta vez por el Juzgado Penal de Lampa, que en el 2017 lo halló culpable del delito de lesiones leves. También ya cumplió la pena.
En el partido político Renovación Popular está Karín Cinthia Loza Espinoza, quien reconoció en su declaración jurada tener dos sentencias condenatorias por delitos que no precisa.
El primero fue emitido por el Juzgado Penal de Puno, el 20 de junio del 2018, con una pena suspendida; el segundo es la sentencia firme emitida por el Juzgado Penal de Puno, el pasado 12 de marzo. La condena fue una rehabilitación que ya cumplió.
PROBLEMÁTICO
Wilbert Mariano Portugal Menéndez, hijo del excongresista y alcalde puneño Mariano Portugal Catacora, registró en la sección de información adicional, estar involucrado en cuatro casos que tienen que ver con los delitos de coacción, daños (como imputado) y lesiones leves (como testigo).
Además, tiene un registro de denuncias con prevenidos por encargo de su padre, referente a la adquisición de bienes a su nombre. Finalmente, cuenta también con un proceso judicial por alimentos en el 2015, el cual concluyó con una conciliación.
ALGO +: El candidato Álvaro Peralta Turpo, de Unión por el Perú, registra una sentencia firme por el delito de resistencia a la autoridad. Ya cumplió la sentencia de 4 años de prisión suspendida que se le impuso. (Los Andes)