La Defensoría del Pueblo ha emitido una advertencia sobre el incremento de la conflictividad social en el país. Durante el mes de junio, se registraron cuatro nuevos casos en Ayacucho, Lima Metropolitana, Puno, y en un sector que abarca Lima y Callao. Con estas incorporaciones, el informe señala que el país suma un total de 195 disputas, de las cuales 147 permanecen activas.
El informe detalla que el primer incidente nuevo ocurrió en Canayre, Huanta (Ayacucho), donde vecinos de Unión Mantaro desalojaron a integrantes de Pampa Aurora. Los primeros acusaron invasión de tierras, mientras que los desplazados aseguraron poseer documentos que respaldan su propiedad sobre el terreno en cuestión.
El reporte también destaca los reclamos de universitarios en Lima y Puno. En la Universidad Nacional Federico Villarreal (Lima), los estudiantes protestaron por problemas con matrículas, ausencia de profesores, y servicios deficientes en biblioteca, comedor y atenciones médicas que quedaron en espera.
Por su parte, en la Universidad Nacional del Altiplano (Puno), los estudiantes exigieron carne universitaria, medio pasaje y mejoras en seguridad, alimentación y apoyo a varias facultades durante una toma. Este episodio en Puno finalizó tras acuerdos con las autoridades universitarias y la presencia directa de la Defensoría del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo jugó un papel crucial como mediadora en ambos conflictos universitarios, logrando que en Lima se iniciara un diálogo y que en Puno cesaran las protestas mediante compromisos para resolver los pendientes de los estudiantes en el corto plazo. La situación subraya la persistencia de tensiones sociales y la necesidad de canales efectivos para la resolución de conflictos en diversas esferas del país.
(E.C)