En un nuevo avance dentro de uno de los procesos más relevantes para la región, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno dispuso el auto de enjuiciamiento contra el exgobernador regional Agustín Luque Chaña y otros cuatro implicados, en el marco de una investigación por presunta colusión agravada. La decisión, emitida este 17 de abril de 2026 bajo la conducción de la magistrada María Candelaria Morales de Segura, marca el cierre de la etapa intermedia y abre paso al juicio oral.
La audiencia virtual, que se prolongó hasta las 5:30 p. m., se desarrolló con la participación de todas las partes procesales, garantizando el derecho de defensa y el análisis detallado de los medios probatorios presentados por el Ministerio Público y las defensas técnicas. Este proceso, correspondiente al expediente 2463-2021, ha sido seguido con atención por la ciudadanía, en medio de la expectativa por el esclarecimiento de presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
La resolución judicial alcanza, además de Luque, a John Wilfredo Martínez Molina como presunto autor, al ciudadano chino Chen Junkun como presunto cómplice primario, y a Liliana Paola Larico Bermejo junto a Hans Jonathan Larico Apaza como presuntos cómplices secundarios. La Fiscalía ha solicitado ocho años de pena privativa de la libertad para los principales investigados, mientras que la Procuraduría Pública Anticorrupción plantea una reparación civil solidaria de 9 millones 625 mil 500 soles.
El caso tiene como eje central la suscripción de un acta de conciliación entre el Gobierno Regional de Puno y el Consorcio Hospitalario Manuel Núñez Butrón, procedimiento que, según la tesis fiscal, habría permitido evadir penalidades vinculadas a valorizaciones de obra. Durante la audiencia, uno de los puntos de mayor debate fue la admisión de documentos como la carta 258-2021, cuya legalidad fue cuestionada por las defensas al haber sido obtenida en un allanamiento.
Con la emisión de la Resolución 38, el expediente será remitido al Juzgado Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, instancia que tendrá a su cargo el desarrollo del juicio oral. Si bien algunas defensas han anunciado posibles apelaciones respecto a la admisión de pruebas, el proceso continúa su curso en busca de una decisión definitiva.
Este caso trasciende lo estrictamente judicial y refleja una demanda social por transparencia y responsabilidad en la gestión pública. La población puneña espera que el juicio permita esclarecer los hechos y reafirme el compromiso institucional con la legalidad y el uso adecuado de los recursos del Estado.