En un análisis sobre la problemática carcelaria del país, el abogado y periodista Carlos Chizan Orihuela, advirtió el grave hacinamiento en establecimientos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), donde en algunos pabellones diseñados para menos internos conviven hasta 180 personas en condiciones consideradas inhumanas. La sobrepoblación genera un entorno de tensión permanente y dificulta cualquier control efectivo dentro de los penales.
Asimismo, «cuestionó que se mezcle a internos primarios, procesados con prisión preventiva y reclusos de alta peligrosidad en un mismo espacio. Señalan que, pese a que en el discurso se habla de reeducación, rehabilitación y reinserción social, en la práctica las cárceles terminan convirtiéndose en “escuelas del delito”, debido a la falta de separación adecuada y escaso control institucional».
Por otro lado, señaló que existe una política orientada a mostrar resultados inmediatos frente a la inseguridad, enviando a prisión a personas por delitos que podrían recibir sanciones alternativas. Por ejemplo, el caso de la omisión a la asistencia familiar, donde encarcelar al responsable puede agravar la situación, ya que le impide trabajar y cumplir con el pago de pensiones.
Chizán Orihuela, Igualmente cuestionó la desigual aplicación de la ley en delitos como el contrabando, previstos en la normativa que supervisa la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Mientras algunos casos terminan con personas en el penal, en otros espacios públicos la venta informal de mercadería extranjera se realiza sin mayor control, generando percepción de contradicción y falta de coherencia en la fiscalización.
FB