El abogado Cristian Palomino calificó como “lamentable” y “penoso” el proceso mediante el cual el Congreso de la República decidió inhabilitar a la fiscal suprema Delia Espinoza. Señaló que no se habría respetado el debido proceso, pues, según indicó, no se consideraron los argumentos de defensa, especialmente aquellos que aclaran que la reglamentación vinculada a la Ley 3230 no fue suscrita por Espinoza, sino por su antecesor, el doctor Villena Campana. Asimismo, cuestionó la base jurídica y procesal utilizada para sustentar la sanción aprobada por el Legislativo.
Palomino advirtió que esta decisión forma parte de un contexto en el que, según afirmó, el Congreso habría buscado influir en organismos constitucionalmente autónomos, como la Junta Nacional de Justicia, la ONPE, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público. Consideró que esta injerencia genera dudas sobre la independencia de instituciones clave del sistema democrático y recordó que altos porcentajes de la población expresan desconfianza en la justicia, lo que reflejaría una crisis de institucionalidad en el país. (R.A.)