El abogado César Quispe, quien participa en la defensa legal de los deudos de personas fallecidas durante las protestas sociales, sostuvo que abordar los casos de violencia y las presuntas masacres requiere un trabajo mucho más amplio que la sola conformación de comisiones investigadoras. Indicó que ya existe información de base recopilada por la Defensoría del Pueblo y por los procesos judiciales en curso.
Según explicó, «estas fuentes deben servir para impulsar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y otros, Quispe remarcó que la respuesta del Estado no debe limitarse únicamente al resarcimiento económico de las víctimas y sus familiares.«
Asimismo, señaló que una de las principales deudas pendientes es la atención integral en salud, especialmente en salud mental, para las personas afectadas por estos hechos en distintas regiones del país. Añadió que tanto los familiares de las víctimas como quienes sobrevivieron a los episodios de violencia requieren acompañamiento especializado, una tarea que, según afirmó, aún no ha sido atendida adecuadamente por el Estado.
FB