El Club Deportivo Binacional FC enfrenta un escándalo: ha operado sin autorización legal en el estadio Guillermo Briceño Rosa Medina por más de 18 meses, generando una deuda que supera los S/ 300 mil soles. Este monto, que incluye el uso del recinto deportivo y el consumo eléctrico del sistema de iluminación, compromete seriamente las finanzas del Gobierno Regional de Puno (GORE Puno) y expone una gestión administrativa del club llena de cuestionamientos.
El acuerdo interinstitucional entre el Club Binacional y el GORE Puno, firmado el 6 de enero de 2020, tenía una vigencia exacta de cuatro años y venció automáticamente el 6 de enero de 2024. Según la Cláusula Quinta del documento, cualquier renovación requería un acuerdo previo de ambas partes, una condición que, según el GORE Puno, nunca se cumplió.
A pesar de tener el convenio vencido, Binacional ha disputado más de 20 partidos oficiales de Liga 1 y Liga 2, además de realizar más de 100 entrenamientos y varios encuentros amistosos en el estadio. Esta intensa actividad deportiva generó costos operativos significativos que el club evitó asumir durante todo este largo periodo.
La Cláusula Cuarta del convenio original establecía claramente que la responsabilidad económica por el sistema de iluminación artificial recaía completamente sobre el club. Sin embargo, los altos costos de energía eléctrica para los partidos nocturnos fueron cubiertos directamente por el presupuesto regional, lo que representa un gasto no presupuestado e innecesario para el GORE Puno.
Richard Hancco, gobernador regional, ha señalado que los documentos oficiales contradicen cualquier acusación de obstrucción política por parte del GORE. “Los documentos oficiales demuestran que, en realidad, ha sido el club el que incumplió el convenio, no renovó el contrato y seguía operando de forma irregular”, declaró Hancco.
El gobierno regional asegura haber mantenido una posición tolerante por casi un año y seis meses, permitiendo el uso del estadio mientras se buscaba una solución negociada, tiempo que consideran más que suficiente para regularizar la situación.
La situación es crítica: no existe ningún documento que respalde la continuidad del convenio, y la deuda acumulada de más de S/ 300 mil soles genera un impacto significativo en las finanzas regionales. Por ello, el Gobierno Regional de Puno ha solicitado oficialmente el reintegro inmediato de la deuda.
(E.C)