Ahora critica duramente a los organismos internacionales, pero el 7 de junio del 2022 Dina Boluarte y su entonces abogado, Alberto Otárola, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que interviniera en el Perú e impidiera que el Congreso la destituyera. En ese documento acusó a “las fuerzas opositoras” que hoy la sostienen de intentar “hacerse con el poder y revertir la derrota que sufrieron en las urnas”. Esta es la calaña de quien hoy vive en Palacio.
La amenaza del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el posible quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes ha dejado al descubierto las dos caras del gobierno de Dina Boluarte. El martes último, en una clara muestra de sometimiento a la ultraderecha que controla el Parlamento, el gobierno –a través de la Cancillería– convocó al Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, Igor Garafulic, para transmitirle su “extrañeza” por el pronunciamiento de la ONU sobre la investigación sumaria a los miembros de la JNJ, la cual podría derivar en su remoción total.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Ana Cecilia Gervasi, informó que le había recordado al Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú “el marco en el cual se deben desarrollar sus funciones”. Es decir, en silencio y sin entrometerse en las decisiones del Congreso que están llevando al país a una crisis institucional que puede ocasionar la ruptura del Estado de derecho.