La Fiscalía pide la pena máxima de 10 años en la causa que investiga la asunción irregular de la expresidenta en noviembre de 2019.
El primer juicio en contra de la autoproclamada expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, comenzó hoy en medio de enfrentamientos de manifestantes que acudieron al tribunal para apoyarla o repudiarla.
La tensión marcó la primera jornada de las audiencia del juicio oral que se lleva a cabo de manera virtual y en el que Áñez es acusada de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución al haber asumido la presidencia el 12 de noviembre de 2019 sin cumplir los requisitos institucionales necesarios, apenas un par de días después de que el expresidente Evo Morales fuera obligado a dimitir.
Grupos de manifestantes comenzaron a llegar desde temprano al Tribunal de Sentencia de La Paz. Unos exigían la libertad de la exmandataria, mientras otros demandaban que sea condenada por haber participado en el golpe de Estado contra Morales.
«Así nos dejaste: madres sin hijos, hijos sin padres, viudas, huérfanos», rezaba uno de los cárteles de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata ocurridas en las primeras semanas del Gobierno de Áñez.
Ambos grupos se lanzaron gritos, insultos y empujones, mientras decenas de policías trataban de contenerlos.
«¡Justicia, justicia!», gritaban en ambos sectores en una jornada histórica en la que, además de Áñez, también son juzgados el exjefe del Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce; y los excomandantes del Ejército, Pastor Mendieta (Ejército); el excomandante de la Fuerza Aérea, Gonzalo Terceros (Fuerza Aérea); y Palmiro Jarjury (Fuerzas Armadas); el exinspector Jorge Elmer Fernández y el exjefe del Departamento de Operaciones, Sergio Carlos Orellana.
A ellos se suman dos prófugos: el excomandante de la Policía, Yuri Calderón, y el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman.
Entre las múltiples anomalías de la asunción de Áñez citadas por la fiscalía, destaca el hecho de que se autoproclamó presidenta en una sesión del Senado que no contaba con el quórum necesario para validar la ceremonia.
Además, ante la dimisión de Morales, la presidencia interina debía recaer en un legislador o legisladora del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), ya que tenían mayoría de escaños, y no en el bloque opositor del que Áñez formaba parte.
Detención
Áñez, quien gobernó durante una año a partir de noviembre de 2019, fue detenida el 15 de marzo de 2021, sólo cinco meses después de que Luis Arce, el candidato del MAS, ganara la presidencia en unas elecciones que representaron el regreso de la democracia en Bolivia.
Desde entonces hay dos grandes causas judiciales en su contra. Una es la llamada ‘Golpe de Estado I’, en la que se le imputan los delitos de sedición, terrorismo y conspiración, y que está en curso pero todavía sin llegar a juicio; y ‘Golpe de Estado II’, que inicia este jueves.
Junto con su participación en el derrocamiento de Morales y su anómala asunción como presidenta, también se investigan otras causas por delitos de lesa humanidad referidas a las masacres de Sacaba y Senkata que llevaron a cabo las fuerzas de Seguridad y militares a su cargo durante los primeros días de su gobierno, y que dejaron un saldo de por lo menos 38 personas asesinadas y cientos más heridas.
JCP