Las investigaciones de la Fiscalía sobre la represión a las protestas en Ayacucho y Juliaca, en diciembre y enero pasados, tienen complicaciones por falta de videos de cámaras cercanas a los lugares donde murieron 24 ciudadanos, entre otras falencias del caso. La empresa que administra los aeropuertos de estas ciudades, que intentaron tomar los manifestantes, borró sus grabaciones y persiste en que nunca tuvo registro de las calles. Las municipalidades tampoco aportan mucho por haber tenido cámaras malogradas.
Dos actas de la Fiscalía, suscritas cuatro días tras los enfrentamientos mortales en Ayacucho, recoge la versión del administrador del aeropuerto, Alejandro Chávez, que niega tener cámaras que den a la calle; solo reconoce que las hay “en el interior y exterior del edificio terminal” y asegura que las cámaras de la Municipalidad Andrés Avelino Cáceres habrían registrado hechos de violencia en las vías públicas fuera del aeropuerto.
Las actas, firmadas el 19 de diciembre del año pasado en Ayacucho, refieren que la fiscal que asumió entonces el caso, Yuli Obispo Yupanqui, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Derechos Humanos en esta ciudad, y su equipo, buscaron tener videos de los enfrentamientos, ocurridos cuatro días antes, grabados por cámaras de seguridad. (LR)
R.G.Q