El prófugo gobernador regional de Puno, Walter Aduviri, deberá ir a prisión por haber encabezado la protesta del ‘aimarazo’ , en 2011, cuando sus huestes sitiaron la región y cometieron actos vandálicos, incendiando las sedes del Gobierno Regional, Aduanas y la Contraloría. El Juzgado Penal Colegiado de Puno lo condenó a seis años de prisión efectiva como coautor del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de disturbios.
El 26 de mayo de 2011, día central de las protestas, Aduviri se comunicó por teléfono con 147 personas, todas participaron en los disturbios. Según el reporte de llamadas presentado por el fiscal Juan Monzón, habló con ellas alrededor de mil minutos, lo que prueba que dio las instrucciones para los desmanes.
PRECEDENTE
“Ha sido importante evidenciar la organización que había en este hecho. Aduviri tuvo una comunicación antes, durante y después de los destrozos. Testimonios y videos también lo comprometen”, indicó el fiscal a Perú21 y añadió que ha solicitado resguardo policial.
“Estamos satisfechos con el resultado. Esto sienta un precedente porque el derecho a la protesta es amparado constitucionalmente, pero los excesos no pueden ser avalados. Esos disturbios no solo significan perjuicios para las instituciones del Estado, sino también para los ciudadanos. Si una conducta deriva en delito, debe ser sancionada”, resaltó Monzón.
CRISIS EN LAS REGIONES
El caso Aduviri podría servir como ejemplo para juzgar al gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, pues, con sus declaraciones, atizó los desmanes en Arequipa durante las protestas contra Tía María. Hace unas semanas, el presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Franklin Tomy, le advirtió que podía ser denunciado penalmente por incitar a la violencia en el paro antiminero que paralizó y perjudicó una inversión de US$1,200 millones.
Cáceres no es ajeno a los temas judiciales. Ha tenido tres denuncias por violación y este 2 de setiembre un juzgado evaluará si continúa o no su juicio por presuntamente haber mentido en la hoja de vida que presentó al Jurado Nacional de Elecciones en 2010.
Walter Aduviri está prófugo y se presume que podría estar en Bolivia; su cercanía con Evo Morales es ampliamente conocida. Pero no es el único en esta situación. Su par en Junín, Vladimir Cerrón, conocido por su afinidad al gobierno venezolano, fue condenado el último 5 de agosto a cuatro años y ocho meses de prisión por haber favorecido a una empresa con una obra de saneamiento que costó S/47 millones cuando debía costar S/40 millones.
A este caso se suman los de otros gobernadores que fueron elegidos para el actual o el pasado periodo como representantes de sus regiones. Enfrentan casos de falsedad, corrupción y financiamiento por narcotráfico. La corrupción no es ajena a la política regional. (Perú 21)